Entrevista realizada por Carlos Otto-Reuss y publicada en Tinta Digital.

Llevan mucho tiempo defendiendo el “derecho a saber”. La Coalición Pro Acceso es una organización dedicada a impulsar la transparencia en las informaciones emitidas y facilitadas por los organismos públicos, no sólo como una alternativa de comunicación para los ciudadanos, sino también como una forma de prevenir irregularidades y posibles corrupciones. En el horizonte está la creación de una futura Ley de Acceso a la Información Pública. Hemos hablado con Helen Darbishire para que nos cuente más acerca de la Coalición.

¿En qué consiste la Coalición Pro Acceso?

Es una plataforma abierta a todas las ONG que quieren apoyar el movimiento para la transparencia del Gobierno en España. Los individuos también pueden apoyar la campaña firmando los nueve Principios de la Coalición, que contienen los elementos imprescindibles de una futura ley de acceso a la información para que la ley cumpla con los estándares internacionales.

Casi 30 organizaciones forman parte de esta coalición. ¿No supone eso un problema a la hora de tomar decisiones?

Siendo una coalición con un objetivo muy bien definido -conseguir una ley de acceso a la información– no tenemos problemas con la toma de decisiones. Al inicio del proceso adoptamos los nueve Principios de la Coalición basándonos en los estándares internacionales y estos principios nos guían en todos nuestros acciones. Además, los representantes de los miembros de la Coalición son profesionales en sus campos y normalmente nuestras discusiones son muy eficientes.

¿Qué tal ha ido la reunión con el Gobierno? ¿Qué sensaciones os quedan?

La reunión fue muy positiva. Nuestra intención es crear una futura Ley de Acceso a la Información Pública, e insistimos en que dicha Ley debe de recoger de forma clara que se trata de un derecho fundamental enmarcado dentro de la libertad de información de la Constitución Española, como ocurre en la Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos o la Corte Interamericana de los Derechos Fundamentales.

La reunión fue sumamente cordial, con un interesante intercambio de opiniones. Desde la Dirección General de Coordinación Jurídica están considerando que el borrador que se está redactando cumpla los 9 principios de la Coalición Pro-Acceso. Ambas partes están de acuerdo en que las administraciones públicas deben de ofrecer información de forma activa, ponerla a disposición del público antes incluso de que se presenten solicitudes. Consideran que habrá que realizar un esfuerzo importante para adaptar las Administraciones Públicas a este derecho de acceso a la información pública.

Este primer intercambio de opiniones fue muy positivo y confiamos en que las reuniones continúen en el futuro.

¿Creéis que habrá interés político en facilitar estos trámites de información y comunicación?

Normalmente en todos los países hay gente dentro del gobierno que no quieren abrir las puertas del gobierno y que no quieren ser transparentes. Y otros que sí. Tenemos que trabajar con quienes entienden la naturaleza democrática del derecho de acceso a la información.

¿Qué razones puede haber para que en España no se facilite una serie de datos que en otros países sí se facilitan?

Es un poco misterioso dado los avances en acceso a la información en otros países de Europa, incluso de Europa del Este, de América Latina, de África… Supongo que es un fallo de la Transición. Es interesante que todo los países de Europa del Este, con la excepción de Bielorrusia –un país gobernado por un dictador–, tienen leyes de acceso a la información. No es que no haya transparencia en España, pero en la práctica, es muy deficiente la información que se deja al alcance del ciudadano.

¿La información es poder?

La Constitución Española dice en su artículo 1.2: “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”. El poder pertenece al pueblo, así como a él pertenece la información que está en las manos de las entidades públicas.
Interior no facilita los datos sobre el número de personas expulsadas de territorio español por “ser desaconsejable proporcionar este tipo de información a particulares”

¿Lo consideráis un argumento válido?

Hemos lanzado una demanda contra Interior ante del Tribunal Administrativo Contencioso. No, no consideramos un argumento ni válido ni permitido por las leyes actuales de España. A ver qué dicen los jueces…

¿Creéis que la transparencia al aportar según qué datos puede ayudar realmente a parar la corrupción?

Parar no, pero disminuir sí. La transparencia es como una vacuna contra la corrupción: funciona, pero no en todos los casos. Necesitamos también leyes, jueces y la voluntad política dentro de la clase política de cambiar el sistema. Al menos con acceso a la información los ciudadanos tendrán la información para controlar las acciones de los elegidos, para exigir mayor rendición de cuentas, y para saber cuándo uno miente.

¿Creéis que los ciudadanos son realmente conscientes de la importancia de saber según qué cosas?

En el día de día, en las tiendas, las calles, los bares, los mercados, las oficinas, las universidades, los centros deportivos, las peluquerías, los taxis, aún en los oficinas de la propia administración, escucho a gente hablando de la necesidad de saber más sobre lo que están haciendo la clase política.

Vivimos en la era de la informática y existe verdadera hambre de información. También escucho a mucha gente indignada por los casos de corrupción y harta de pensar que se utiliza su dinero –sus impuestos– para enriquecerse ilegalmente.

La Coalición Pro Acceso y sus organizaciones miembros representan a cientos de miles de personas. Ahora tenemos una página en Facebook, estamos en Twitter… Cualquier persona puede firmar nuestros nueve Principios y participar en la campaña para un mayor transparencia en España.