¿Cuántas personas han sido expulsadas del Estado en 2009? ¿Cuánto nos costó la visita del Papa a Valencia? ¿Puedo acceder a la lista de regalos que ha recibido el alcalde de mi pueblo? ¿Has probado a hacer estas preguntas a las Administraciones? ¿Sabes hasta dónde tienes derecho a preguntar?

¿Cuánto le costó a la ciudad de Madrid la boda del Príncipe Felipe? “No tenemos una respuesta para usted”, “Tenemos los datos pero no está previsto que se puedan entregar” o es “desaconsejable facilitar esta información”. Estas suelen ser las respuestas de las Administraciones ante este tipo de consultas ciudadanas, según los activistas del derecho a saber. “No son secretos de Estado, pero la opacidad de las instituciones es tal que es imposible acceder a la información”, nos explican.

¿Qué tengo derecho a saber, pues? En realidad todo. Toda la información que se encuentre en poder de cualquier autoridad pública o de cualquier entidad privada que realice funciones públicas debe ser accesible a la ciudadanía, menos aquella que esté cubierta por excepciones de seguridad. Pero en la práctica la realidad es que pese a tratarse de información pública, en el Estado español no existe una ley que garantice el acceso a este tipo de datos.

Esto es lo que denuncia Access Info, ONG europea con una pequeña sede en Madrid, que dentro la coalición Pro Acceso lleva años demandando el derecho de acceso a la información para todos y todas como un derecho humano y reivindicando una ley que garantice el mayor acceso posible a la información pública en España, tal y como prometió Zapatero en su campaña electoral.

En su informe ‘Cuando lo público no lo es’ nos muestran casos reales y prácticos de qué implica la carencia de esta ley en el Estado. Estos son sólo tres ejemplos:

Caso 1. Un ciudadano busca información sobre qué hace la SGAE con el dinero que recibe por el canon. El ministerio de Cultura se niega a darle las memorias del año 2006 de la entidad de gestión d’artistas. Como la SGAE está obligada a usar una parte del canon en actividades dirigidas a toda la comunidad de artistas y no sólo a sus socios, tenemos derecho a saber cómo se está empleando este dinero. Finalmente, el ministerio no hace públicos estos datos de interés público y se excusa precisamente en la inexistencia de esta ley de acceso.

Caso 2. Un ciudadano pide que se le informe sobre el coste de la inserción de la felicitación del ayuntamiento de Madrid al Rey por su septuagésimo aniversario en el periódico El País. El ayuntamientos no contesta por lo que se interpone un recurso y se envía certificado y con acuse de recibo a la dirección del Consistorio. A los pocos días el solicitante recibe el acuse de recibo devuelto y el sobre enviado con su recurso sin abrir. Como causa de la devolución se indica: “Rehusado”.

Caso 3. “¿Cuántas personas han sido expulsadas del Estado desde enero de 2007 hasta el 1 de febrero de 2008?”. Ante esta consulta el Ministerio del Interior se niega a dar la información diciendo que es “desaconsejable” facilitar estos datos a particulares. “Esta respuesta está fuera de lugar, porque si es aconsejable o desaconsejable de proporcionar una información no es uno de los motivos recogidos en la legislación actual para denegar el acceso, y proviene, además, de una clara actitud paternalista”, explican desde Access Info.

Ah, nosotros no somos responsables de esto

En otros casos, las Administraciones no niegan el acceso a la información pero juegan a despistar, nos explican desde la entidad. Un caso real: “Quiero acceder a los fondos documentales sobre campos de concentración en Cataluña durante la guerra civil”. Tras varias llamadas a los departamentos de prensa de consejerías, enviar mails a los diferentes espacios de información y visitar más de un despacho te encuentras que sabes lo mismo que al principio y que has de interponer un recurso administrativo que ni siquiera sabes dónde debes dirigir. ¿Resultado? Pasas de complicarte la vida y te quedas sin la información.

Entidades que nos suenan tan herméticas como la CIA o el FBI son obligadas constantemente a desclasificar sus documentos por el gobierno de los Estados Unidos, que cuenta con una ley clara que regula el acceso a la información. El Estado español, en cambio, es, junto a Grecia, el único Estado de la UE con más de un millón de habitantes, que no cuenta con una ley de estas características. Esto pese a que el Consejo de Europa recomendó en 2002 a todos el países miembros desarrollar una.

Con esta norma cualquiera persona podría solicitar información de cualquier organismo público mediante un simple email o una llamada y sólo indicando su nombre y dirección. Las leyes de la mayor parte de los países europeos obligan a los funcionarios a ofrecer las informaciones solicitadas en el mismo momento de la petición o, como máximo, en el plazo de un mes. Países como Rumanía, Bulgaria o Armenia tienen leyes muy adelantadas que permiten a sus ciudadanos acceder a cualquier información sin que te puedan pedir ningún tipo de explicación.

“En el Estado hay más preocupación por el derecho a la intimidad y por la protección de datos que por nuestro derecho a acceder a la información. De hecho, a veces se utiliza la excusa de la intimidad para denegar el derecho a obtener cierta información pública”, explica Helen Darbishire, directora de Access Info en España.

“El derecho de acceso a la información es un derecho humano y es básico para que una verdadera democracia funcione. Una auténtica participación por parte de la ciudadanía sólo es posible si esta puede acceder a todo tipo de información pública”, añade.

“Además, como norma general, en España todo se considera información reservada, por si las moscas. Excepcionalmente, se decide desvelar ciertos datos. Pero la actitud debería ser justamente la contraria. Las instituciones públicas están aquí para servir al público, que las finanza con impuestos. Lo que pase en un gobierno democráticamente escogido no puede ser reservado, excepto pocas excepciones”, señala la directora de la ONG.

Pasos esperanzadores

Aunque según Access Info, son pocos, algunos pasos sí se están dando. El 10 de diciembre, miembros de la Coalición Pro-Acceso, se reunieron con autoridades del Ministerio de la Presidencia para intercambiar puntos de vista sobre una futura Ley de Acceso a la Información Pública.

Desde Pro-Acceso insistieron que dicha Ley debe de recoger de forma clara que se trata de un derecho fundamental incardinado dentro de la libertad de información del apartado d), párrafo 1 del artículo 20 de la Constitución Española.

Aún hay muchas cuestiones pendientes como la configuración de la autoridad independiente, incluso con la posibilidad de combinar esa autoridad con el del Defensor del Pueblo o la Agencia de Protección de Datos, pero para la Coalición Pro Acceso lo importante es que esta entidad esté dotada con los recursos y poderes necesarios para proteger el derecho de acceso a la información.

“Es importante que esta iniciativa salga adelante, porque este país necesita disponer de un marco regulador claro, que englobe las diferentes leyes relacionadas con la transparencia y acabe con el apagón informativo’”, afirman desde la ONG.

Noticia publicada en CanalSolidario.org