Carta a Zapatero 24 09 09

Madrid, 24 de septiembre de 2009

A/A: D. José Luis Rodríguez Zapatero

CC: Dª. María Teresa Fernández de la Vega

Palacio de la Moncloa

28071 Madrid

Excmo. Sr. Presidente,

Los miembros de la Coalición Pro Acceso se congratulan de sus manifestaciones que desvelan que el Gobierno está trabajando en la preparación de una Ley de acceso a la información pública (discurso ante el Comité Federal de 19 de septiembre de 2009). Se trata de una aspiración social que ya figuraba en los programas electorales del PSOE del año 2004 y del 2008[1] y que usted personalmente apoyó en la ceremonia de clausura de la Sociedad Interamericana de Prensa en Madrid el 7 de octubre de 2008.

Consideramos urgente la aprobación en España de una ley sobre el derecho de acceso a la información, que regule su pleno reconocimiento y ejercicio de acuerdo a los estándares adoptados internacionalmente. Esta ley debería acoger los Nueve Principios desarrollados hace tres años por la Coalición Pro Acceso, que le adjuntamos en esta carta. Estos principios han sido definidos a partir del estudio del derecho comparado y de la práctica en otros países. El Derecho de Acceso a la Información[2] se reconoce ya en las leyes nacionales de más de 80 países, entre ellos en 24 de los países de la Unión Europea.

Una ley de acceso a la información pública es una norma básica en cualquier democracia; y, por lo tanto, es imprescindible que su desarrollo se realice de manera transparente y participativa. Por eso, nos dirigimos a usted de nuevo para solicitarle información sobre el proyecto de Ley que estaría preparando, su estado, su contenido y las previsiones del trámite parlamentario. También sería de suma importancia para nosotros conocer qué Ministerio o Secretaría de Estado es el responsable del desarrollo de esta iniciativa legislativa, con el objetivo de poder mantener alguna reunión con las personas responsables para transmitirles nuestras sugerencias.

Le reiteramos nuestra disponibilidad como parte interesada en participar en el proceso legislativo, pudiendo aportar personas y organizaciones con conocimiento técnico y jurídico en el campo del Derecho de Acceso a la Información, visión de la sociedad civil, así como experiencia en procesos legislativos y normativos en el ámbito nacional e internacional.

Quedamos a la espera de la información que le solicitamos y a su disposición para cualquier aclaración que necesite.

Atentamente,

En nombre de la Coalición Pro Acceso formada por:

Access Info Europe

Amnistía Internacional

Asociación de Archiveros de Castilla y León

Asociación de Archiveros Españoles en la Función Pública

Asociación de la Prensa de Madrid

Asociación de Profesionales Especialistas en la Información – Asturias (APEI)

Asociación de Usuarios de la Comunicación

Asociación Española de Documentación e Información (SEDIC)

Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE)

Comisión de Libertades Informáticas

Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU)

Coordinadora de ONG

Coordinadora Ecoloxista d´Asturies

Ecologistas en Acción

Economistas sin Fronteras

Fundación Ciencias de la Documentación

Fundación Cultura de la Paz

Fundación IPADE

Greenpeace España

Ingeniería sin Fronteras

Intermón Oxfam

Observatorio de la RSC

Plataforma para la creación del Colegio Oficial de Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas de Madrid

Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica

Reporteros Sin Fronteras

Sunaptein – Asociación para la Promoción de la Salud Mental

SEO – Birdlife

Transparencia Internacional (España)

WWF-Adena

Personas a título individual:

Manuel Sánchez de Diego- Departamento de Derecho Constitucional- Universidad Complutense de Madrid
Miguel A. Gallardo – CITA
Severiano Fernández Ramos – Profesor Derecho Administrativo – Universidad de Cádiz


[1] PSOE Programa Electoral 2008, página 258: Fortalecimiento de los derechos de la ciudadanía mediante la mejora de sus relaciones con las Administraciones Públicas: ”  

(…) Impulsaremos una Ley sobre el derecho al libre acceso a la Información, que garantice que todos los poderes, autoridades públicas y entidades sostenidas con fondos públicos, faciliten, en tiempo útil, el libre acceso a toda información o documento oficial, con la única excepción de lo que atente a la legislación de protección de datos o de secretos oficiales. (…) Crearemos una institución que garantice el derecho de acceso a la información pública de manera eficaz”.

[2] El acceso a la información es un derecho humano fundamental, reconocido por normas internacionales de derechos humanos tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su art 19.2, que establece un derecho positivo a buscar y a recibir información.

 

Este derecho has sido confirmado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Tribunal Europeo al interpretar el artículo 10 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales en su reciente fallo del 14 abril 2009 reconoció que el derecho de libertad de expresión incluye expresamente el derecho de acceso a la información en las manos de entidades públicas. El tribunal afirma que el estado tiene la obligación de asegurar acceso a la información y que denegar acceso a la información en manos de entidades públicas es una violación del derecho de libertad de expresión. Este derecho es especialmente relevante cuando la información existe (y en consecuencia suministrarla no implica una obligación de recopilar la información por parte de la autoridad pública) y cuando no está disponible a través de otras fuentes públicas (Társaság a Szabadságjogokért v. Hungary (no. 37374/05)

 

El artículo 10 del Convenio Europeo es el equivalente al artículo 20 de la Constitución Española consagrado al derecho fundamental de libertad de pensamiento y expresión. La Constitución Española también ampara el derecho de acceso a los archivos y registros administrativos en su artículo 105.b.

 

La Corte Interamericana en su fallo en el caso Claude Reyes y otros vs Chile, (resolución del 19 de septiembre 2006) estableció que, el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión comprende “no sólo el derecho y la libertad de expresar su propio pensamiento, sino también el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole”.