En España las agendas de las reuniones de gabinete son secretas hasta después de que la reunión haya tenido lugar. Por esta razón, se pregunta específicamentepor la fecha prevista para la consideración de la futura ley en la carta mandado hoy por Access Info. Access Info también le ha enviado al gobierno información comparativa sobre otros países en los que sí se hacen públicas las agendas de las reuniones de gabinete antes de que tengan lugar.

Estimado Presidente del Gobierno,

Access Info Europe, miembro de la Coalición Pro Acceso, le escribe hoy con la esperanza de que próximamente el Gobierno abra a debate público la futura ley de Transparencia y Acceso de los Ciudadanos a la Información. Por eso le solicitamos por la presente información sobre dicho anteproyecto de ley.

El lunes 16 de agosto, el periódico El País publicó numerosos detalles sobre el contenido de la futura ley. Puesto que la prensa, al contrario que el resto de los ciudadanos, ya ha tenido acceso al anteproyecto, quisiéramos saber, primero, en qué fechas tiene previsto el Consejo de Ministros considerar este anteproyecto de ley y, segundo, si hay algún tipo de consultas ciudadanas programadas sobre la futura ley de transparencia.

Tal y como muestra el documento adjunto, en muchos países Europeos tanto las agendas de los Consejos de Ministros como los documentos que van a ser considerados en dichas reuniones, se hacen públicos con cierta antelación, excepción hecha de documentos clasificados. En España, en cambio, las agendas del Consejo de Ministros son secretas hasta después de la reunión y, por lo tanto, en esta ocasión no se ha comunicado oficialmente ninguna información sobre el borrador de la ley de transparencia.

La Coalición Pro Acceso acudió a una reunión con el Ministerio de la Presidencia en diciembre de 2009. Aquella reunión tuvo lugar en una etapa temprana de la redacción del anteproyecto, y por ello entonces presentamos a miembros de la Coordinación Jurídica del Ministerio de la Presidencia los nueve principios de la Coalición Pro Acceso. En la reunión no se nos transmitió, sin embargo, ninguna información sobre el previsible contenido de la futura ley (alcance, plazos, etc.). Desafortunadamente ya han pasado nueve meses desde dicha reunión, que no tuvo continuidad, y cuatro meses desde que solicitamos sin éxito al Ministerio de la Presidencia alguna información sobre el estado del anteproyecto de la ley.

Quisiéramos además destacar que en muchos países de nuestro entorno existen requisitos legales de publicar los anteproyectos de ley e incluso los libros blancos que recogen las líneas maestras de éstos. Con todo, la sociedad civil española no ha podido hasta ahora participar en el debate sobre los detalles de este anteproyecto de ley por falta de información sobre su contenido.

Estamos firmemente convencidos de que es esencial que la sociedad civil pueda aportar comentarios fundados acerca de un anteproyecto de ley que está llamado a tener un gran valor en la defensa de los derechos de los ciudadanos de España, tal y como ya ocurre en otras democracias Europeas.

A la  espera de una pronta respuesta, reciba usted un saludo afectuoso.

Helen Darbishire, Directora Ejecutiva de Access Info Europe.

“Hasta el momento toda la información que tenemos sobre esta ley proviene de filtraciones en los medios de comunicación. Esta es precisamente la cultura que tiene que cambiar para permitir que los ciudadanos fiscalicen al gobierno y participen en la toma de decisiones de una manera digna de una democracia moderna,” comentó Helen Darbishire, directora de Access Info.

España es el único país de Europa con más de un millón de habitantes que todavía no garantiza el derecho de acceso a la información pública. Según la información divulgada por El País, incluso con la nueva ley, España seguirá a la cola en ciertos aspectos, como por ejemplo, en el tiempo que tendrá las instituciones públicas para contestar – que será de 30 días, con la opción de extenderlo a 60 – mientras que la media europea es de 14,5 días.

“Como ciudadanos, cuando recibimos cartas de la administración, solemos tener 10 días para contestar. Parece razonable exigir una paridad en este sentido,” añadió Darbishire.

Tras varios intentos por parte de la Coalición Pro Acceso de conseguir la publicación del borrador o algún tipo de declaración por parte del gobierno sobre el mismo, la única información con la que cuenta la sociedad civil sobre la futura ley es con el análisis que de este borrador hace el diario El País, que sí ha tenido acceso al mismo.

Haciendo un breve análisis de la información publicada  podemos concluir que la futura ley de acceso a la información en España no cumplirá con los principios básicos del derecho de acceso a la información pública y esto dificultará el cumplimiento de los requisitos necesarios para poder ratificar el Convenio de Acceso a Documentos Oficiales del Consejo de Europa, primera normativa internacional que marca los estándares mínimos que aseguran el derecho de acceso a la información y cuya ratificación era uno de los objetivos para España (ver a continuación una tabla con un análisis comparativo de la futura ley).

Access Info Europe da la bienvenida a la decisión de elegir como órgano de control la agencia de la protección de datos, siguiendo así el modelo de Países como Alemania, Eslovenia, Hungría, y Reino Unido que han integrado el control de los dos derechos bajo el mismo techo; la agencia pasará a llamarse, Agencia Española de Protección de Datos y de Acceso a la Información.

Este modelo, muy eficaz en otros países, plantea dudas en España debido a la naturaleza no fundamental del derecho de acceso a la información y al alcance limitado del mismo. Desde Access Info Europe se teme que de no aplicarse a todas las autoridades públicas, como en el caso de la ley de protección de datos,  la futura ley pueda partir con una gran limitación de base que merme gravemente el derecho de acceso a la información pública.

Irene Milleiro de Intermón Oxfam, miembro de la Coalición Pro Acceso comenta: “Solo cuando esta ley sea aplicable a todas las administraciones públicas, el derecho de acceso a la información se convertirá efectivamente en una herramienta de la sociedad civil para luchar contra la corrupción, y los ciudadanos podrán pedir una verdadera rendición de cuentas a sus representantes políticos”.

Análisis comparativo de la futura ley de acceso a la información en España con los principios báscios de la Coalición Pro Acceso:

Los miembros de la Coalición Pro-Acceso insistieron que dicha Ley debe de recoger de forma clara que se trata de un derecho fundamental incardinado dentro de la libertad de información del apartado d), párrafo 1 del artículo 20 de la Constitución Española. Pues es así como se está caracterizando por la Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al igual que hizo la Corte Interamericana de los Derechos Fundamentales.

La reunión intensa de dos horas de duración fue sumamente cordial, con un interesante intercambio de opiniones. Desde la Dirección General de Coordinación Jurídica afirman que están teniendo en cuenta los 9 principios de la Coalición Pro-Acceso en el desarrollo del borrador.

Aún hay muchas cuestiones pendientes como la configuración de la autoridad independiente, incluso con la posibilidad de combinar esa autoridad con el del Defensor del Pueblo o la Agencia de Protección de Datos. Para la Coalición Pro Acceso lo importante es que esta entidad esté dotada con los recursos y poderes necesarios para proteger el derecho de acceso a la información. En otros países europeos, la combinación de protección de datos personales con la protección de acceso a la información funciona bien para asegurar un buen equilibrio entre el derecho a la protección de datos personales y el derecho de acceso a la información pública.

Ambas partes están de acuerdo en que las administraciones públicas deben de ofrecer información de forma activa, ponerla a disposición del público antes incluso de que se presenten solicitudes. Consideran que habrá que realizar un esfuerzo importante para adaptar las Administraciones Públicas a este derecho de acceso a la información pública.

“España es uno de los últimos países europeos en adoptar una ley de acceso a la información por lo cual tiene la oportunidad de adoptar una ley progresista que refleje los estándares más altos. Se trata de demostrar el liderazgo de nuestro país con este derecho que es tan importante en un estado democrático, participativo, y libre de corrupción,” comentó Helen Darbishire de Access Info Europe, uno de los miembros de la Coalición Pro Acceso.

La Coalición Pro-Acceso considera muy positivo este primer intercambio de opiniones y confían que las reuniones seguirán en un futuro.

[1] De la Coalición Pro Acceso participaron: Helen Darbishire, Directora Ejecutivo, Access Info Europe, Manuel Sánchez de Diego, Profesor, Departamento de Derecho Constitucional, Universidad Complutense de Madrid; Jesus Lizcano, Presidente, Transparencia Internacional España; Francisco Daunis, Asociación de la Prensa de Madrid; Ana Etchenique, Vicepresidente, Confederación de Consumidores y Usuarios – CECU; Miguel Ángel García Garrido, Plataforma COABDM; Rosana de Andrés Díaz, Presidenta, Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP). Del parte del Ministerio de la Presidencia participaron Maria Ángeles Ahumado – Directora General de Coordinación Jurídica, Emilio Guichot, experto en derecho constitucional y Juan José San Miguel, Gabinete de Comunicación.

En la foto: Ana Etchenique, vicepresidenta de la Confederación de Consumidores y Usuarios – CECU, Jesus Lizcano, presidente de Transparencia Internacional España;  Manuel Sánchez de Diego, profesor del departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid; Helen Darbishire, directora de Access Info Europe; Rosana de Andrés Díaz, presidenta de Archiveros Españoles en la Función Pública y Miguel Ángel García Garrido de COABDM.

En la reunión propuesta sobre regulación del acceso a la información estará presente la Directora General de Coordinación Jurídica, que la convoca, y algunos de los expertos del Ministerio de la Presidencia directamente implicados en los trabajos de preparación del borrador.

Se trata de una reunión de contacto que tiene por objeto informar del estado de los trabajos de preparación de la ley y de las cuestiones actualmente bajo examen y para las que se recaba opinión.

El texto que se usará de referencia es el convenio del Consejo de Europa sobre Acceso a Documentos Oficiales de 18.VI.2009. Asimismo se tienen en cuenta la regulación y, muy particularmente, las experiencias de otros países europeos y americanos con leyes de acceso a la información.