http://www.xornal.com/artigo/2010/08/17/espana/gobiernos-ayuntamientos-haran-publicos-archivos-partir/2010081700145700144.html

Jueves 19 de agosto, Diario Vasco, Diario Montañes, Diario de Navarra, Juan Varela, Democracia Abierta:

http://www.diariovasco.com/v/20100819/tv-comunicacion/democracia-abierta-20100819.html

Martes 17 de agosto, El País, No es una utopía:

http://www.elpais.com/articulo/opinion/utopia/elpepiopi/20100817elpepiopi_2/Tes

Martes 17 de Agosto, Europa Press, José Cavero, Excepciones a la Ley de Transparencia:

http://www.europapress.es/opinion/josecavero/jose-cavero-excepciones-ley-transparencia-20100817120019.html

Martes 17 de agosto, El Xornal, La Ley de Transparencia permitirá auditar la gestión y cuentas de la Administración:

http://www.xornal.com/artigo/2010/08/16/espana/ley-transparencia-permitira-auditar-gestion-cuentas-administracion/2010081616562400899.html

Lunes 16 de agosto 2010, El País, Una ley regulará el ‘derecho a saber’ de los ciudadanos ante la Administración
http://www.elpais.com/articulo/espana/ley/regulara/derecho/saber/ciudadanos/Administracion/elpepuesp/20100816elpepinac_1/Tes

Lunes 16 de agosto 2010, Access Info: El anteproyecto de la Ley de Transparencia será aprobado en secreto
http://www.access-info.org/

Lunes 16 de agosto, El País, Se mantendrá el hermetismo sobre seguridad, defensa y política exterior:

http://www.elpais.com/articulo/espana/mantendra/hermetismo/seguridad/defensa/politica/exterior/elpepiesp/20100816elpepinac_3/Tes

Lunes 16 de agosto, El Mundo, La ley de transparencia permitirá auditar la gestión y las cuentas de la Administración: http://www.elmundo.es/elmundo/2010/08/16/espana/1281960430.html

Lunes 16 de agosto, La Rioja, Gobierno aprobará el viernes la Ley de Transparencia de los poderes público:,

http://www.larioja.com/agencias/20100816/mas-actualidad/espana/gobierno-aprobara-viernes-transparencia-poderes_201008161342.html

Lunes 16 de agosto, Daniel Montero, Ocho razones para rechazar la Ley de Transparencia:

http://www.dmontero.net/2010/08/8-razones-para-rechazar-la-ley-de-transparencia/

Lunes 16 agosto, Netoratón 3.0, Sociedad digital, transparencia analógica:

http://www.netoraton.es/?p=7486

Lunes 16 de agosto, La Voz de Asturias, Gobierno aprobará el viernes la Ley de Transparencia de los poderes públicos:

http://www.lavozdeasturias.es/noticias/noticia.asp?pkid=567015

Domingo 15 de agosto, El País, Juan Luis Manfredi, A vueltas con la transparencia:

http://www.elpais.com/articulo/opinion/vueltas/transparencia/elpepuopi/20100815elpepiopi_5/Tes

Sábado 31 de julio, El País, José María Pérez, Gobierno Abierto, Sociedad Libre:

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Gobierno/abierto/sociedad/libre/elpepusoc/20100731elpepisoc_2/Tes

Sábado 31 de julio, El País, Naiara Galarraga, Administraciones: los datos no les pertenecen:

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Administraciones/datos/les/pertenecen/elpepisoc/20100731elpepisoc_1/Tes

Sábado 5 de Junio, Europa Press, Las ONG critican la opacidad del Gobierno al redactar la ley de transparencia y piden que se publique su borrador:

http://www.europapress.es/nacional/noticia-ong-critican-opacidad-gobierno-redactar-ley-transparencia-piden-publique-borrador-20100605120929.html

Viernes 4 de Junio, ABC, De la Vega anuncia que el Gobierno examinará en las próximas semanas una ley de transparencia:

http://www.abc.es/20100604/medios-redes-prensa/vega-anuncia-nueva-transparencia-20100604.html

Martes 4 de Mayo, ABC, España se une a la jornada sin una ley específica de acceso a la información:

http://www.abc.es/hemeroteca/historico-04-05-2010/abc/Medios_Redes/espa%C3%B1a-se-une-a-la-jornada-sin-una-ley-especifica-de-acceso-a-la-informacion_140122392248.html

7 de Abril de 2010

Madrid, 5 de abril de 2010- Ante la falta de transparencia de las instituciones españolas y la falta de una ley que garantice el derecho de acceso la información pública, la Coalición Pro Acceso lanza hoy la “Campaña de las 100 Preguntas” con la que pretende reclamar y demostrar la necesidad de un mayor aperturismo de la administración española.

La Coalición Pro Acceso, un grupo de 29 organizaciones unidas a favor de la aprobación de una ley de acceso a la información en España, ha empezado a presentar solicitudes de información a todo tipo de entidades públicas. Monitoreos previos revelaron entre un 60% y 78% de silencio administrativo como respuesta a las solicitudes presentadas.

Teniendo en cuenta la dificultad que tiene la ciudadanía para acceder a datos públicos debido a la carencia de una ley de acceso a la información en España, la Coalición Pro Acceso quiere demostrar la urgente necesidad de mejorar el cumplimiento de un derecho que está protegido por la Constitución Española.

“El derecho de acceso a la información es esencial para la lucha contra la corrupción, y para facilitar el debate público sobre temas importantes como la situación económica, el desempleo, y la protección del medio ambiente,” dijo Victoria Anderica, de Access Info Europe, miembro de la Coalición Pro Acceso.

Según la información que posee la Coalición Pro Acceso, el gobierno, para cumplir con sus promesas electorales de 2004 y 2008 de aprobar una ley de acceso a la información, está trabajando en una ley cuyo borrador aún no ha sido compartido con la sociedad civil.

Victoria Anderica  comentó: “Conseguir recibir información de las instituciones españolas es una odisea, requiere mucho tiempo y esfuerzo por parte del solicitante y ante la continua falta de respuesta, el desgaste hace que la gente desista.”

Las preguntas serán de toda índole e irán dirigidas a todo tipo de entidad pública de cualquier parte del territorio español. Estas preguntas son propuestas que la Coalición Pro Acceso recoge de los ciudadanos a través de su página web.

Las primeras solicitudes han ido dirigidas al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, al Ayuntamiento de Madrid, al Ministerio de Trabajo e Inmigración y al Ministerio de Sanidad y Política Social. A la espera de los resultados que se irán publicando en la página de la Coalición Pro Acceso,  esta anima a todo aquel que quiera participar en esta campaña a proponer sus preguntas en http://www.proacceso.org/ y a exigir una mayor transparencia en su relación con la administración.

• ·         Para saber más sobre la Coalición Pro Acceso ir a http://www.proacceso.org/

Para mayor información, contactar con: Access Info

No se puede pretender que el derecho fundamental a recibir información veraz por cualquier medio de comunicación incluya un deber general de la Administración de informar sobre cualquier materia”. El entrecomillado pertenece a una reciente sentencia de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional que prueba de modo tajante cómo el derecho a la información oficial, al que apelan los artículos 20 y 105 de la Constitución, no existe hoy como tal derecho en España.

En su fallo, del 22 de octubre, la Audiencia desestima una demanda de la ONG Access Info, que actuó contra el Ministerio de Justicia por no responder a su solicitud de información sobre cómo había desarrollado legislativamente España el convenio de la OCDE para la lucha contra la corrupción.

Los demandantes no preguntaban por un secreto de Estado, sino por una ley.

Los demandantes, que han recurrido ante el Tribunal Supremo, no pretendían que se les revelase ningún secreto de Estado. No había en juego ninguna de las excepciones comunes con que las leyes de acceso limitan el derecho de los ciudadanos a obtener información pública. La Convención del Consejo de Europa sobre Acceso a los Documentos Oficiales establece un catálogo de posibles excepciones, entre las que destacan las siguientes: la seguridad nacional, la defensa y las relaciones internacionales; la seguridad pública; la prevención, investigación o persecución de actividades delictivas; las investigaciones disciplinarias; la inspección, control y supervisión por autoridades públicas.

La sentencia de la Audiencia Nacional ofrece una singularidad ilustrativa de cómo están las cosas en el plano jurídico: la única jurisprudencia que cita es una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) dictada en enero de este año y que nada tiene que ver con el acceso a la información. Relativa al conflicto de intereses suscitado por la publicación de una noticia que el hijo de un concejal consideró injurioso, el fallo del alto tribunal invocaba su propia doctrina sobre los límites de la libertad de expresión, derecho reconocido en el artículo 20 de la Carta Magna. El TC otorgó amparo al autor del artículo.

Para Enrique Jaramillo, abogado de Access Info, la resolución de la Audiencia constata que el artículo 20 de la Constitución se ha aplicado generalmente en la vertiente que protege el derecho a “comunicar libremente información”, pero no en la que salvaguarda el derecho a “recibir” esa información. “Cuando se hizo la Constitución arguye el letrado, nadie se planteó que había un derecho a la información oficial, por eso el artículo 20 es más difuso en ese aspecto”.

Artículo aparecido en Público.

La noticia ha tenido bastante impactos en medios. Enlazamos algunos:

• Europa Press: Una ONG recurre al Supremo porque el Ministerio de Justicia no le dio respuestas sobre la lucha contra la corrupción
• ABC: Demandan ante el Supremo el mutismo del Gobierno sobre su plan anticorrupción
• El Economista: Una ONG recurre al Supremo porque el Ministerio de Justicia no le dio respuestas sobre la lucha contra la corrupción

Replican la nota:

• Asociación de la Prensa de Madrid
• AEFP

El Ministerio del Interior está en los tribunales. Y el de Cultura. Y el de Defensa. Hasta el Ministerio del Justicia se encuentra entre los acusados. Todos han sido denunciados por ocultar información al ciudadano.

“Es desaconsejable entregar esa información”, “ese dato no está previsto por ley”, “no damos información sobre contratos en vigor”… Estos son sólo algunos ejemplos, o mejor algunas excusas empleadas por la Administración para negar información a los ciudadanos. En el 35 por ciento de los casos, las entidades públicas ni siquiera contestan. Simplemente dan la callada por respuesta. Silencio administrativo se llama la argucia en términos legales. Si cualquier persona quiere conocer datos tan sencillos como el precio de un alquiler para el Ministerio de Justicia o dónde invierte la SGAE los 30 millones de euros que recauda cada año del canon digital –del que rinde cuentas al Ministerio de Cultura– no tiene más remedio que acudir a los tribunales para conseguirlo.

Y eso hizo Acces Info, una organización internacional dedicada a proteger el derecho de acceso a la información en toda Europa. La ONG realizó el pasado año un estudio para evaluar la transparencia de la Administración española, presentando 41 solicitudes de información. Sus integrantes solicitaron a título particular –como ciudadanos de a pie– datos sencillos, como el número de inmigrantes expulsados de España en 2007 o la cantidad de jueces expedientados por el Consejo General del Poder Judicial. Aquello fue sólo una excusa. Lo importante no era el dato en sí, sino hacer valer su derecho a acceder a la información pública. De poco sirvió. La gran mayoría de sus peticiones –el 78 por ciento– no tuvo respuesta satisfactoria. De una forma u otra, la Administración se negó a darles la información. Unas veces porque no lo consideraban oportuno. Otras porque no estaba contemplado en normativa alguna o porque, sencillamente, los datos no eran públicos. Sin más explicaciones.

En febrero de 2008, el PSOE desveló una lista con cien razones para votar a José Luis Rodríguez Zapatero. Las elecciones generales estaban a la vuelta de la esquina –se celebraron el 9 de marzo– y el PSOE sacó un argumentario definitivo para aupar a su candidato como presidente. El punto 91 rezaba textualmente, bajo la fotografía de una joven con mirada sonriente: “Garantizaremos por ley el derecho de los ciudadanos a acceder a la información y documentación oficial que esté en poder de las administraciones”. La promesa no era nueva. Ya estaba en el programa electoral del PSOE desde 2004 y contaba con dos excepciones: “Salvo en materia de secretos oficiales y protección de datos”.

A día de hoy, España es el único país avanzado de la Unión Europea que carece de una ley que regule el nivel de acceso de los ciudadanos a la información pública. Y tras seis años ininterrumpidos de Gobierno, el Ejecutivo de Zapatero se ha puesto a ello. El pasado 10 de diciembre, el servicio jurídico del Ministerio de Presidencia, encargado de elaborar el borrador de la nueva ley, se reunió con la plataforma Coalición Pro Acceso, donde se agrupan 29 organizaciones no gubernamentales.

Los portavoces estatales se comprometieron a crear un organismo independiente, al estilo del Defensor del Pueblo, que se encargue de velar por el acceso de los ciudadanos a la información pública. La nueva normativa prohibirá de forma tajante el silencio administrativo y reducirá el plazo que tienen las instituciones públicas para entregar la información, que en la actualidad es de tres meses.

Sin embargo, las promesas no han contentado a todos los presentes, ya que el equipo liderado por Ángeles Ahumada, directora general de Coordinación Jurídica del Ministerio de la Presidencia, prevé modificar el reglamento existente para el acceso a los archivos estatales, mientras los miembros de la Coalición Pro Acceso persiguen que el hecho de recibir información pública sea reconocido como un derecho fundamental, recogido en el artículo 20 de la Constitución. Y eso implicaría la creación de una ley orgánica.
En cualquier caso, la normativa española se tiene que adecuar a los principios aprobados por el Consejo de Europa, que aseguran información para todos los ciudadanos, gratuita y de forma “inmediata”. En un punto vital del articulado, la Convención Sobre Documentos Públicos del Consejo de Europa prohíbe a los miembros de la Administración preguntar por el motivo de la consulta. Con esta premisa, nadie podrá preguntar por qué un ciudadano, investigador o periodista solicita la cifra de gastos de un ministerio o cualquier otro dato sensible para la imagen pública. Lo que se busca es evitar posibles vetos estatales dependiendo de la motivación.

A la cabeza de la Unión Europea en este terreno se encuentra Suecia, donde los funcionarios tienen la obligación legal de primar las consultas públicas sobre cualquier otro trabajo y la Administración contesta a cualquier requerimiento en un plazo máximo de 48 horas. Estos plazos son vitales cuando, por ejemplo, un ciudadano tiene que litigar contra un poder público y requiere de un dato o expediente para preparar su denuncia. Es común que la entidad en cuestión se escude en el silencio administrativo para demorar el proceso. El ciudadano tiene que ir primero a los tribunales para conseguir el dato en cuestión, lo que puede alargar el proceso casi un año. Y luego, plantear su demanda real.

Mientras el Ejecutivo español mantiene su hoja de ruta y espera llevar la nueva ley al Congreso en junio de 2010, algunas de las peticiones de la organización Acces Info han terminado en los tribunales (ver recuadros). La más avanzada, contra el Ministerio de Justicia, fue rechazada por la Audiencia Nacional. El fallo está recurrido en el Tribunal Supremo. Los denunciantes están dispuestos a llevar todos los casos hasta el final y terminar, si es necesario, ante los organismos jurídicos de la Unión Europea. Allí, la jurisprudencia está por el momento a su favor.

Empieza a ser un lugar común el hablar de desafección democrática, de distancia entre instituciones y ciudadanía o de desconfianza generalizada de la gente sobre la forma de proceder de los que nos gobiernan y representan.

La cosa va empeorando si hacemos caso de lo que las encuestas del CIS nos van diciendo. En un año se ha duplicado el número de españoles que afirman que uno de los principales problemas del país son los políticos. En porcentaje, la percepción ciudadana califica ahora ese problema como más grave que la amenaza terrorista. El goteo de escándalos que vinculan poder político y corrupción no ayudan precisamente a atemperar el clima negativo. Los diagnósticos abundan, y la sensación de hartazgo aumenta, pero son escasas las propuestas que vayan más allá de recomendaciones éticas y de los encadenados de buenos deseos.

Por otra parte, el creciente alejamiento de la política institucional de buena parte de los ciudadanos contrasta con el aumento de actividades participativas en esferas no directamente político-institucionales, pero sí muy vinculadas a las políticas concretas (solidaridad, cooperación, redes de intercambio). Más que repliegue a la esfera privada, encontramos la búsqueda de una esfera pública no asimilable a la que quieren monopolizar las instituciones en sus distintas formas. Los partidos sufren pérdidas significativas de confianza, pero aparecen nuevas formas de coaliciones y grupos que promueven aquí y allá iniciativas de significación colectiva.

Podríamos decir, con Pierre Rosanvallon, que baja puntos la participación política centrada en el solo camino electoral, mientras aumenta el grosor de la participación centrada en la expresión (hacerse oír), la implicación (vincularse a otros para conseguir objetivos comunes), o la intervención (hacer, más que escuchar y asistir). Y todo ello en un contexto en el que el cada vez tenemos menos marcos comunes de referencia, menos sentidos de pertenencia única.

Resulta así evidente que es más fácil que la acción política de la ciudadanía se desplace hacia el control y la vigilancia, dadas las dificultades de identificarse e intervenir en una política oficial y formal, sentida como ajena.

Existe la conciencia difusa que cada vez es menos factible que la ciudadanía pueda ejercer el poder o influir de manera muy directa en su ejercicio, y la atención se dirige a cómo controlarlo, vigilarlo y evitar sus excesos y chapuzas. A falta de una idea de interés general que pueda compartirse de manera plena, surge la transparencia como valor que permite, al menos, que todos podamos saber qué sucede y, por tanto, actuar en unsentido o en otro. La transparencia es pues un valor básico y relativamente despolitizado. Desde la transparencia es posible vigilar un poder que tiende a ser autista y sesgado, y politizar así la desconfianza que ello genera.

No se trata de una desconfianza liberal, en el sentido de controlar los excesos de un poder irremediablemente perverso, sino de una desconfianza democrática en el sentido de habilitar la acción y la capacidad transformadora de quienes, desde la ciudadanía, no quieren delegar toda responsabilidad sobre lo común a las instituciones.

En España no disponemos aún de una ley de acceso a la información comparable a la que ya existe en más de 80 países del mundo y, entre ellos, a la inmensa mayoría de los países de la Unión Europea, algunos como Suecia con más de 200 años de tradición al respecto. En los programas electorales del PSOE del 2004 y del 2008 figuraba ese tema como una de las promesas electorales. El presidente Zapatero ha anunciado que antes de final de año contaremos con un proyecto de ley al respecto, en cuya tramitación sería bueno que se escuchara a los que hace tiempo vienen empujando para que exista tal normativa.

Es innegable la significación del tema. La gran sacudida que ha significado la ley de libertad de información en Estados Unidos lo pone de relieve. No será fácil. Las administraciones públicas españolas se han construido desde la unilateralidad y la jerarquía, y la opacidad ha estado siempre asociada a esa concepción.

Aún produce sonrojo rememorar que la Unión Europea, ante las quejas del Gobierno Aznar sobre la difusión de un informe de una de las direcciones generales de Bruselas que advertía sobre los perjuicios ambientales del Plan Hidrológico Nacional y que había sido utilizado por sus detractores, tuvo que recordar al Ejecutivo español que toda la documentación europea está obligatoria y plenamente disponible en Internet. Las administraciones no dejan de pedirnos datos, muchas veces de manera redundante y superflua. Y en cambio, protegen constantemente sus informes, decisiones y rutinas. Esperemos que la nueva norma que acabe con la excepcionalidad española ya mencionada, no parta de una visión timorata al respecto.

De hecho, es una clara oportunidad. Una oportunidad para favorecer el intercambio de información y la mejora de relaciones entre ciudadanía y Administración. Una oportunidad para facilitar la participación de los ciudadanos y de sus entidades en los procesos de configuración de las políticas públicas. Y una oportunidad para mejorar la eficacia y la eficiencia de las propias administraciones, reforzando la necesaria evaluación y rendición de cuentas.

No deberíamos dejar escapar esa ocasión para usar las enormes capacidades de Internet al respecto. Desde y con la Red, se puede articular la plena transparencia de la documentación administrativa, la transparencia organizacional, la transparencia contable y presupuestaria y la transparencia de la acción y las responsabilidades públicas. Internet expresa y sirve de soporte natural a ese conjunto de posibilidades si existe voluntad política para avanzar por esa línea.

Necesitamos que, por ejemplo, los contratos públicos, los cambios de calificación urbanística, los estudios e informes encargados por las administraciones, puedan ser consultados por cualquiera, de manera amigable y sencilla, desde cualquier ordenador. Facilitando así la incorporación de la ciudadanía a una labor hoy por hoy estrictamente institucionalizada y que ha demostrado sus límites y carencias. Sin sustituir los mecanismos reguladores y de control ya existentes en nuestro sistema, podremos contar con la capacidad de vigilancia y seguimiento permanente de cualquiera interesado por los asuntos y decisiones públicas.

En la célebre obra de Jane Jacobs sobre las ciudades norteamericanas, se hablaba de la capacidad de mantener “seguras” las calles, no tanto por la mayor o menor presencia de la policía en ellas, sino por esa mezcla de ojos vigilantes en aceras concurridas. Existe, afirmaba Jacobs, una red informal de confianza pública que mantiene niveles de seguridad aceptables y que constituye la base de cualquier acción colectiva. Los hechos que se van repitiendo demuestran que no podemos seguir confiando en delegar nuestra capacidad de vigilancia en ojos que han demostrado poca fiabilidad. Sólo la movilización social y la desconfianza activa pueden ir modificando una situación que se adivina estructural.

Llevan mucho tiempo defendiendo el “derecho a saber”. La Coalición Pro Acceso es una organización dedicada a impulsar la transparencia en las informaciones emitidas y facilitadas por los organismos públicos, no sólo como una alternativa de comunicación para los ciudadanos, sino también como una forma de prevenir irregularidades y posibles corrupciones. En el horizonte está la creación de una futura Ley de Acceso a la Información Pública. Hemos hablado con Helen Darbishire para que nos cuente más acerca de la Coalición.

¿En qué consiste la Coalición Pro Acceso?

Es una plataforma abierta a todas las ONG que quieren apoyar el movimiento para la transparencia del Gobierno en España. Los individuos también pueden apoyar la campaña firmando los nueve Principios de la Coalición, que contienen los elementos imprescindibles de una futura ley de acceso a la información para que la ley cumpla con los estándares internacionales.

Casi 30 organizaciones forman parte de esta coalición. ¿No supone eso un problema a la hora de tomar decisiones?

Siendo una coalición con un objetivo muy bien definido -conseguir una ley de acceso a la información– no tenemos problemas con la toma de decisiones. Al inicio del proceso adoptamos los nueve Principios de la Coalición basándonos en los estándares internacionales y estos principios nos guían en todos nuestros acciones. Además, los representantes de los miembros de la Coalición son profesionales en sus campos y normalmente nuestras discusiones son muy eficientes.

¿Qué tal ha ido la reunión con el Gobierno? ¿Qué sensaciones os quedan?

La reunión fue muy positiva. Nuestra intención es crear una futura Ley de Acceso a la Información Pública, e insistimos en que dicha Ley debe de recoger de forma clara que se trata de un derecho fundamental enmarcado dentro de la libertad de información de la Constitución Española, como ocurre en la Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos o la Corte Interamericana de los Derechos Fundamentales.

La reunión fue sumamente cordial, con un interesante intercambio de opiniones. Desde la Dirección General de Coordinación Jurídica están considerando que el borrador que se está redactando cumpla los 9 principios de la Coalición Pro-Acceso. Ambas partes están de acuerdo en que las administraciones públicas deben de ofrecer información de forma activa, ponerla a disposición del público antes incluso de que se presenten solicitudes. Consideran que habrá que realizar un esfuerzo importante para adaptar las Administraciones Públicas a este derecho de acceso a la información pública.

Este primer intercambio de opiniones fue muy positivo y confiamos en que las reuniones continúen en el futuro.

¿Creéis que habrá interés político en facilitar estos trámites de información y comunicación?

Normalmente en todos los países hay gente dentro del gobierno que no quieren abrir las puertas del gobierno y que no quieren ser transparentes. Y otros que sí. Tenemos que trabajar con quienes entienden la naturaleza democrática del derecho de acceso a la información.

¿Qué razones puede haber para que en España no se facilite una serie de datos que en otros países sí se facilitan?

Es un poco misterioso dado los avances en acceso a la información en otros países de Europa, incluso de Europa del Este, de América Latina, de África… Supongo que es un fallo de la Transición. Es interesante que todo los países de Europa del Este, con la excepción de Bielorrusia –un país gobernado por un dictador–, tienen leyes de acceso a la información. No es que no haya transparencia en España, pero en la práctica, es muy deficiente la información que se deja al alcance del ciudadano.

¿La información es poder?

La Constitución Española dice en su artículo 1.2: “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”. El poder pertenece al pueblo, así como a él pertenece la información que está en las manos de las entidades públicas.
Interior no facilita los datos sobre el número de personas expulsadas de territorio español por “ser desaconsejable proporcionar este tipo de información a particulares”

¿Lo consideráis un argumento válido?

Hemos lanzado una demanda contra Interior ante del Tribunal Administrativo Contencioso. No, no consideramos un argumento ni válido ni permitido por las leyes actuales de España. A ver qué dicen los jueces…

¿Creéis que la transparencia al aportar según qué datos puede ayudar realmente a parar la corrupción?

Parar no, pero disminuir sí. La transparencia es como una vacuna contra la corrupción: funciona, pero no en todos los casos. Necesitamos también leyes, jueces y la voluntad política dentro de la clase política de cambiar el sistema. Al menos con acceso a la información los ciudadanos tendrán la información para controlar las acciones de los elegidos, para exigir mayor rendición de cuentas, y para saber cuándo uno miente.

¿Creéis que los ciudadanos son realmente conscientes de la importancia de saber según qué cosas?

En el día de día, en las tiendas, las calles, los bares, los mercados, las oficinas, las universidades, los centros deportivos, las peluquerías, los taxis, aún en los oficinas de la propia administración, escucho a gente hablando de la necesidad de saber más sobre lo que están haciendo la clase política.

Vivimos en la era de la informática y existe verdadera hambre de información. También escucho a mucha gente indignada por los casos de corrupción y harta de pensar que se utiliza su dinero –sus impuestos– para enriquecerse ilegalmente.

La Coalición Pro Acceso y sus organizaciones miembros representan a cientos de miles de personas. Ahora tenemos una página en Facebook, estamos en Twitter… Cualquier persona puede firmar nuestros nueve Principios y participar en la campaña para un mayor transparencia en España.

¿Cuántas personas han sido expulsadas del Estado en 2009? ¿Cuánto nos costó la visita del Papa a Valencia? ¿Puedo acceder a la lista de regalos que ha recibido el alcalde de mi pueblo? ¿Has probado a hacer estas preguntas a las Administraciones? ¿Sabes hasta dónde tienes derecho a preguntar?

¿Cuánto le costó a la ciudad de Madrid la boda del Príncipe Felipe? “No tenemos una respuesta para usted”, “Tenemos los datos pero no está previsto que se puedan entregar” o es “desaconsejable facilitar esta información”. Estas suelen ser las respuestas de las Administraciones ante este tipo de consultas ciudadanas, según los activistas del derecho a saber. “No son secretos de Estado, pero la opacidad de las instituciones es tal que es imposible acceder a la información”, nos explican.

¿Qué tengo derecho a saber, pues? En realidad todo. Toda la información que se encuentre en poder de cualquier autoridad pública o de cualquier entidad privada que realice funciones públicas debe ser accesible a la ciudadanía, menos aquella que esté cubierta por excepciones de seguridad. Pero en la práctica la realidad es que pese a tratarse de información pública, en el Estado español no existe una ley que garantice el acceso a este tipo de datos.

Esto es lo que denuncia Access Info, ONG europea con una pequeña sede en Madrid, que dentro la coalición Pro Acceso lleva años demandando el derecho de acceso a la información para todos y todas como un derecho humano y reivindicando una ley que garantice el mayor acceso posible a la información pública en España, tal y como prometió Zapatero en su campaña electoral.

En su informe ‘Cuando lo público no lo es’ nos muestran casos reales y prácticos de qué implica la carencia de esta ley en el Estado. Estos son sólo tres ejemplos:

Caso 1. Un ciudadano busca información sobre qué hace la SGAE con el dinero que recibe por el canon. El ministerio de Cultura se niega a darle las memorias del año 2006 de la entidad de gestión d’artistas. Como la SGAE está obligada a usar una parte del canon en actividades dirigidas a toda la comunidad de artistas y no sólo a sus socios, tenemos derecho a saber cómo se está empleando este dinero. Finalmente, el ministerio no hace públicos estos datos de interés público y se excusa precisamente en la inexistencia de esta ley de acceso.

Caso 2. Un ciudadano pide que se le informe sobre el coste de la inserción de la felicitación del ayuntamiento de Madrid al Rey por su septuagésimo aniversario en el periódico El País. El ayuntamientos no contesta por lo que se interpone un recurso y se envía certificado y con acuse de recibo a la dirección del Consistorio. A los pocos días el solicitante recibe el acuse de recibo devuelto y el sobre enviado con su recurso sin abrir. Como causa de la devolución se indica: “Rehusado”.

Caso 3. “¿Cuántas personas han sido expulsadas del Estado desde enero de 2007 hasta el 1 de febrero de 2008?”. Ante esta consulta el Ministerio del Interior se niega a dar la información diciendo que es “desaconsejable” facilitar estos datos a particulares. “Esta respuesta está fuera de lugar, porque si es aconsejable o desaconsejable de proporcionar una información no es uno de los motivos recogidos en la legislación actual para denegar el acceso, y proviene, además, de una clara actitud paternalista”, explican desde Access Info.

Ah, nosotros no somos responsables de esto

En otros casos, las Administraciones no niegan el acceso a la información pero juegan a despistar, nos explican desde la entidad. Un caso real: “Quiero acceder a los fondos documentales sobre campos de concentración en Cataluña durante la guerra civil”. Tras varias llamadas a los departamentos de prensa de consejerías, enviar mails a los diferentes espacios de información y visitar más de un despacho te encuentras que sabes lo mismo que al principio y que has de interponer un recurso administrativo que ni siquiera sabes dónde debes dirigir. ¿Resultado? Pasas de complicarte la vida y te quedas sin la información.

Entidades que nos suenan tan herméticas como la CIA o el FBI son obligadas constantemente a desclasificar sus documentos por el gobierno de los Estados Unidos, que cuenta con una ley clara que regula el acceso a la información. El Estado español, en cambio, es, junto a Grecia, el único Estado de la UE con más de un millón de habitantes, que no cuenta con una ley de estas características. Esto pese a que el Consejo de Europa recomendó en 2002 a todos el países miembros desarrollar una.

Con esta norma cualquiera persona podría solicitar información de cualquier organismo público mediante un simple email o una llamada y sólo indicando su nombre y dirección. Las leyes de la mayor parte de los países europeos obligan a los funcionarios a ofrecer las informaciones solicitadas en el mismo momento de la petición o, como máximo, en el plazo de un mes. Países como Rumanía, Bulgaria o Armenia tienen leyes muy adelantadas que permiten a sus ciudadanos acceder a cualquier información sin que te puedan pedir ningún tipo de explicación.

“En el Estado hay más preocupación por el derecho a la intimidad y por la protección de datos que por nuestro derecho a acceder a la información. De hecho, a veces se utiliza la excusa de la intimidad para denegar el derecho a obtener cierta información pública”, explica Helen Darbishire, directora de Access Info en España.

“El derecho de acceso a la información es un derecho humano y es básico para que una verdadera democracia funcione. Una auténtica participación por parte de la ciudadanía sólo es posible si esta puede acceder a todo tipo de información pública”, añade.

“Además, como norma general, en España todo se considera información reservada, por si las moscas. Excepcionalmente, se decide desvelar ciertos datos. Pero la actitud debería ser justamente la contraria. Las instituciones públicas están aquí para servir al público, que las finanza con impuestos. Lo que pase en un gobierno democráticamente escogido no puede ser reservado, excepto pocas excepciones”, señala la directora de la ONG.

Pasos esperanzadores

Aunque según Access Info, son pocos, algunos pasos sí se están dando. El 10 de diciembre, miembros de la Coalición Pro-Acceso, se reunieron con autoridades del Ministerio de la Presidencia para intercambiar puntos de vista sobre una futura Ley de Acceso a la Información Pública.

Desde Pro-Acceso insistieron que dicha Ley debe de recoger de forma clara que se trata de un derecho fundamental incardinado dentro de la libertad de información del apartado d), párrafo 1 del artículo 20 de la Constitución Española.

Aún hay muchas cuestiones pendientes como la configuración de la autoridad independiente, incluso con la posibilidad de combinar esa autoridad con el del Defensor del Pueblo o la Agencia de Protección de Datos, pero para la Coalición Pro Acceso lo importante es que esta entidad esté dotada con los recursos y poderes necesarios para proteger el derecho de acceso a la información.

“Es importante que esta iniciativa salga adelante, porque este país necesita disponer de un marco regulador claro, que englobe las diferentes leyes relacionadas con la transparencia y acabe con el apagón informativo’”, afirman desde la ONG.

Noticia publicada en CanalSolidario.org

El clientelismo y el deficiente control de la financiación de los partidos son variables que están detrás de los escándalos recientes. Pero también influyen un exceso de leyes innecesarias y la ausencia de otras necesarias

La corrupción es como un cáncer que avanza imparable si no se toman medidas para detenerlo. Las redes de corrupción se expanden y van controlando empresas, municipios, Comunidades Autónomas y hasta unidades esenciales del Estado si los partidos, los Gobiernos y la sociedad no se alían para detener esta enfermedad social. La causa de la expansión es que, si se percibe la impunidad, resulta racionalmente rentable arriesgarse a ganar mucho dinero, robando a una colectividad difusa, sin peligro de ir a la cárcel por ello. Es obvio que personas con principios éticos sólidos no aceptarán este intercambio, pero, por desgracia, la solidez de los principios no está garantizada entre nuestra clase política. Lo cual no quiere decir que todos los políticos sean corruptos. En todo caso, cuanto más se expande la corrupción más difícil es mantenerse ajeno a su tentadora llamada. En España, la corrupción, que era una enfermedad de la que creíamos haber salido, se ha ido extendiendo de nuevo. Poco a poco, redes corruptas han ido generando una tupida serie de intercambios deshonestos que, al final, han puesto en peligro la legitimidad de nuestra clase política y de nuestras instituciones.
Para algunos políticos irresponsables esto es la consecuencia del crecimiento, como si la corrupción fuera un peaje a pagar por una economía desarrollada. Nada más lejos de la realidad, las economías más sólidas, los países con mayor índice de desarrollo humano son países bastante honestos. La corrupción, como nos demuestran sólidos estudios del Banco Mundial, aleja la inversión, genera gastos innecesarios y reduce los ingresos públicos. Un país con alta corrupción elabora políticas para beneficio de unos pocos, no de la sociedad en su conjunto; un país con alta corrupción genera infraestructuras deficientes, regula mal los servicios públicos privatizados, y obliga a los empresarios honestos a esfuerzos sobrehumanos para sostener sus empresas. La corrupción produce un deterioro en el funcionamiento de la justicia, daña el Estado de derecho y genera profundas desigualdades sociales.

Para explicarse la situación actual en nuestro país sería bueno que considerásemos tres variables, que no son las únicas, pero sí son importantes. En primer lugar, un clientelismo y una falta de transparencia en las instituciones públicas. En España, la opacidad con la que actúan los Gobiernos es casi propia de países con democracias fallidas. Además, el clientelismo, sobre todo en el nivel local y en la administración instrumental de todos los niveles de gobierno (empresas públicas, fundaciones, gerencias, etc.), es muy elevado. Nuestros municipios y empresas públicas están plagados de empleados públicos que están allí por ser del partido o amigos de la persona oportuna. Empleados públicos que entraron de forma provisional y se quedaron allí de por vida, que carecen de valores de servicio público y que nunca se jugarán su puesto por defender el interés general. Es incomprensible el uso y abuso de la libre designación en la provisión de puestos en nuestras Administraciones. También es incomprensible que, salvo pequeñas excepciones, no existan mecanismos mínimamente rigurosos de evaluación del desempeño de nuestros empleados públicos. Como consecuencia, la carrera está demasiadas veces vinculada a las fidelidades personales y no a la valía y profesionalidad.

En segundo lugar, los mecanismos de control sobre la actividad de los partidos políticos y sobre su financiación son manifiestamente mejorables, como ya advirtió hace tiempo el propio Tribunal de Cuentas. Los españoles financiamos generosamente a los partidos, que cada vez ingresan más de los presupuestos públicos del Estado, de las CC AA y de los municipios; sin embargo, las cuentas que nos ofrecen son opacas, dejan fuera a sus empresas y fundaciones, no incorporan la contabilidad desagregada al nivel local y, desde luego, no explican las razones de las condonaciones de sus deudas. Eso lo saben sus dirigentes y lo sabemos muchos más. Si incumplen no hay sanciones, no hay responsabilidad penal de la persona jurídica, no devuelven el dinero público recibido.

En tercer lugar, en España tenemos demasiadas normas innecesarias, sin embargo, muchas leyes necesarias no existen, y cuando existen no se cumplen y no ocurre nada. Las leyes de incompatibilidades son sistemáticamente violadas; en numerosas CC AA no se regulan los conflictos de interés; se crean empresas mixtas público-privadas para otorgar contratos sin concurrencia a las empresas que se unen a la pública, y tiene que ser la Unión Europea la que nos lleve ante el Tribunal de Justicia Europeo. En fin, parece que no nos tomamos muy en serio la prevención y la lucha contra la corrupción y así nos va.

Sin embargo, desde Transparencia Internacional creemos que no debemos resignarnos, que es posible luchar contra la corrupción y ganarle la batalla. Para ello, es ineludible que los partidos políticos y la propia sociedad nos tomemos el problema en serio y propugnemos mejores medidas y controles. En ese afán de contribuir a la movilización contra esta enfermedad social, proponemos:

1. Un reforzamiento de los mecanismos preventivos. Por ejemplo, realizar análisis de riesgos en todas las Administraciones para detectar peligros y anticiparse a ellos; formación mayor en ética, aplicar rigurosamente las normas sobre conflictos de interés, etc…

2. Un reforzamiento de los mecanismos de mérito e igualdad en el acceso y carrera dentro de la Administración y una evaluación objetiva del rendimiento de nuestras Administraciones y empleados públicos.

3. Una mejora de los mecanismos de transparencia en la Administración; tenemos muchos Gobiernos opacos que no rinden cuentas a la ciudadanía. Es urgente una Ley de Transparencia y Acceso a la información, como tienen casi todos los países europeos.

4. Una simplificación de las normas y procedimientos, permitiendo a los ciudadanos resolver sus asuntos con la Administración de forma más ágil: muchas licencias y permisos podrían concederse on line.

5. Hay que modernizar y agilizar una justicia decimonónica y adaptar el Código Penal a las nuevas realidades de la delincuencia económica y la corrupción. Nuevos tipos penales deben ser generados para luchar contra la corrupción, es necesario introducir la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

6. Una mejora de la Ley de Financiación de los partidos, para prohibir las donaciones de inmuebles, así como la condonación de deudas, etc. Sobre todo, es necesario que se exija más transparencia a los partidos, que se incorporen los datos de sus fundaciones y empresas al sistema de control, y que se refuerce el papel del Tribunal de Cuentas.

7. Una preocupación mayor por dar formación e información a la ciudadanía sobre los enormes daños que causa a un país la corrupción. Deberíamos incorporar a la educación reglada un análisis de la corrupción y sus efectos. La sociedad civil debe implicarse en la lucha contra la corrupción, liderada probablemente por los medios de comunicación.

8. Una mejora de los mecanismos de denuncia de la corrupción con protección a los denunciantes. Quien denuncia con fundamento la corrupción no es un chivato, es una persona que actúa con lealtad institucional y social, y que merece nuestro agradecimiento.

9. Un reforzamiento de los mecanismos que permitan recuperar el dinero robado y dificultar el blanqueo del mismo.

10. Una demostración por parte de los partidos políticos de que están verdaderamente dispuestos a combatir la corrupción, para lo cual deberían concertar un Pacto de Estado contra la corrupción, con medidas concretas para su implantación, y facilitando a la sociedad el control efectivo de su cumplimiento.

Finalmente, creemos que resulta insostenible para nuestra economía y nuestra democracia la situación actual, de ahí la llamada que hacemos a una respuesta contundente y efectiva de la sociedad civil contra la corrupción, una sociedad que no puede resignarse a esta degradación moral y que debe exigir urgentemente de nuestros representantes una respuesta consensuada y efectiva contra esta lacra social.

Transparente es aquello que se comprende sin duda ni ambigüedad. En la vida pública, transparencia es la obligación de las autoridades y organismos relacionados con el Estado de realizar sus acciones de forma que puedan ser sometidas a un control directo. Lo menos que se puede decir es que, en España, la transparencia es claramente insuficiente, porque no hay forma de practicar ese control si no existe un acceso inmediato a toda la información de que disponen esas autoridades.

La realidad es que una parte no desdeñable de los casos de corrupción municipal y regional detectados en los últimos meses se hubiera podido evitar con normas que hubieran obligado a los ayuntamientos y gobiernos autónomos a colgar en Internet toda la información relativa a los fondos que manejan. Aun así, no hay forma de que en España se apruebe, de una vez por todas, una ley de las denominadas Freedom Information Act, que regule esa obligación y fije los mecanismos para el libre acceso a la información pública.

Los organismos especializados saben que la mejor manera de atajar la tortura o los malos tratos policiales no es aumentar las sanciones, sino disminuir las ocasiones y que lo único que resulta realmente eficaz es la obligación de instalar cámaras en todas las comisarías e instalaciones policiales. Están también hartos de explicar que una vez que se ha cometido un acto de corrupción es prácticamente imposible recuperar el dinero perdido por la comunidad y que la lucha contra el soborno, la venalidad y la deshonestidad pública exige medidas previas: es decir, información previa. Están hartos de decirlo y de demostrarlo con la experiencia de los países escandinavos, los más transparentes y los menos corruptos.

Las leyes de libre acceso a la información no son un privilegio para periodistas sino un mecanismo de protección de los ciudadanos, cada día más necesario. Se trata de colgar de Internet índices con toda la documentación relativa a expedientes públicos, actas de reuniones, planes, programas, correspondencia, dictámenes técnicos, estudios científicos o cualquier documentación financiada con dinero procedente de presupuestos públicos, de manera ordenada y accesible, a fin de que cualquier ciudadano pueda acceder a ella. Seguramente tampoco así será posible acabar con todos los casos de corrupción, pero es seguro que las sociedades que disponen de este tipo de legislaciones son capaces de atajar, antes de que se produzcan, la mayoría de los casos de mal uso de fondos públicos y de venalidad.

Y mientras que no se apruebe la ley, quizás los vecinos de algunos ayuntamientos españoles podrían aprender de lo que ha ocurrido en una pequeña ciudad brasileña, de 330.000 habitantes, llamada Maringá. Aburridos de que durante los años noventa e inicios de 2000, los fondos públicos fueran desviados y robados, y hartos de no poder nunca recuperar ni un real de ese dinero perdido, decidieron tomar el asunto en su mano y no contentarse con la detención y condena de algunos de los funcionarios implicados. La asociación comercial, el colegio local de abogados, el centro universitario, los miembros del club Rotario y del club de Los Leones crearon una agrupación llamada Sociedad Éticamente Responsable (SER), que negoció con las autoridades locales el acceso a partir de ese momento de toda la documentación pública.

Convencidos de que es indispensable actuar de manera preventiva para impedir la malversación de los recursos, en sus ratos libres comerciantes, abogados, rotarios o profesores de Maringá se encargaron de revisar los papeles municipales. Resultado: no sólo no ha habido casos de corrupción en estos dos últimos años, sino que en los primeros nueve meses de 2009 el ayuntamiento se ahorró cinco millones de dólares. Otras 35 ciudades se han apuntado a su peculiar sistema de libre acceso a la información y la Cepal acaba de darles su primer premio a la innovación social.

Artículo de Soledad Gallego Díaz en El País.