Presidente Fundación Ciencias de la Documentación

Analista asuntos Iberoamericanos

Si cualquier de nosotros introduce el término corrupción en el buscador Google verá que el mismo da como respuesta a su consulta aproximadamente 9.970.000 de enlaces y documentos; o si uno se apunta a crear una alerta de correo electrónico para la misma palabra en el mismo buscador comprobará cómo cada día se le llena su buzón con noticias relacionadas. Y es que el término corrupción es uno de los más “asiduo” de nuestro panorama informacional que nos provoca preocupación e indignación.

Existen numerosas definiciones del término corrupción, pero considerada en general es el aprovechamiento indebido de un patrimonio, normalmente público, con el fin de obtener beneficios privados, siendo, según los expertos, uno de los problemas más graves que afectan a los estados democráticos de todo el mundo, tanto si son grandes o pequeños, ricos o pobres, del norte o del sur.

Las causas que originan la corrupción tienen enfoques muy variados como el tradicionalmente considerado “bajo salario” de los corruptos de “baja escala”, donde la suma “baja probabilidad de ser descubierto” más “bajo valor de castigo esperado” más “pérdida de valores morales sociales” (responsabilidad, honestidad, honradez, tolerancia, …) es igual a una MAYOR corrupción.

Los efectos de la corrupción son grandes y, aunque la misma tiende a ser encubierta,  se dejan sentir en todos las dimensiones de la sociedad, en especial en la económica (reduciendo los ingresos fiscales, descendiendo el PIB, y distorsionando el gasto público), comercial (arruinando el libre comercio, frenando la innovación, y espantando a los inversionistas), social (acentuando las diferencias sociales), y política (generando progresiva pérdida de legitimidad del sistema político en su conjunto, y fortaleciendo la sensación de impunidad), creando con el tiempo un círculo vicioso que de no detenerse, puede crecer hasta volverse incontrolable.

Por su parte, los costos de la corrupción son difíciles de cuantificar pues como ya hemos visto es fruto del secreto que entraña este tipo de actividades, y sus efectos se difunden en todas las dimensiones de la sociedad de una forma compleja, aunque de forma teórica los costos de la corrupción deben medirse en términos de pérdida de eficiencia, entendiendo esta como la cantidad de bienes y servicios que dejan de producirse como resultado de la corrupción, los cuales aunque son pagados por toda la sociedad, afectan especialmente a los más pobres en su bienestar, seguridad y calidad de vida.

Se han emprendido diversas iniciativas para medir el costo económico de la corrupción, como el Índice de Opacidad de Price-Waterhouse-Coopers, que estima el costo para las empresas de invertir de acuerdo a una estimación de la opacidad, o de la falta de transparencia de un país (un país corrupto ahuyenta las inversiones extranjeras ya que estos tienen una probabilidad entre un 50% y un 100% de perder su inversión en un plazo de cinco años, según la agencia de calificación de valores Standard and Poor’s), aunque también se podría medir por medio del cálculo de los sobornos pagados, índice per capita (menor en países con alta corrupción), o el número de conexiones criminales establecidas.

Las soluciones a la corrupción – si existen – no son fáciles. En cualquier caso, el primer paso para corregir un defecto es admitirlo, el segundo combatirlo, el tercero eliminarlo, y el cuarto fomentar, a cambio, una virtud.

Parece ser que la mayoría de los países han tomado conciencia – admitido – que el problema de la corrupción no es un mal doméstico menor que podemos esconder debajo de la alfombra, sino que es un mal que si no se ataja corromperá la democracia y el estado de bienestar que sobre ella hemos establecido. Otro grupo de países han pasado a un segundo nivel y buscan combatirlo, principalmente con leyes de transparencia y acceso a la información pública (en junio de 2008 al menos 76 países habían puesto en marcha leyes de acceso a la información, donde no está incluida todavía a fecha de hoy España). No obstante, muchos países siguen obviando el papel del cambio ciudadano en la lucha contra la corrupción. Susan Rose-Ackerman, una de las más prestigiosas expertas mundiales, profesora y codirectora del Centro de Derecho, Economía y Políticas Públicas de la Universidad de Yale, ex consultora del Banco Mundial señala que el papel de los medios de comunicación como transmisores de valores morales sociales y de los ciudadanos honestos es importante para presionar de manera constructiva a los corruptos. Es decir, redefinir la ecuación más arriba indicada por otra donde “alta probabilidad de ser descubierto” más “alto valor de castigo esperado” más “cumplimiento de valores morales sociales” (responsabilidad, honestidad, honradez, tolerancia, …) es igual a una MENOR corrupción.

Las redes sociales y los nuevos medios de comunicación digitales están propiciando un nuevo movimiento ciudadano que haciendo uso de la información contenida en los documentos – soportes que registran las actividades de personas e instituciones – en base a las nuevas competencias que les otorgan las leyes, buscan terminar con la lacra de la corrupción. Nuevo movimiento que muchos partidos políticos – columna vertebral de la democracia – parecen ignorar, frustrando en algunos casos el interés por cambiar de la otra parte de la sociedad que bajo el lema “¿qué puedo hacer yo para cambiar esto si sólo soy un ciudadano de “a pié”?  caen en el apoplejía del conformismo de dejar pasar las cosas como están con la resignación de que no está en sus manos el provocar el cambio. Este fracaso contribuye, tal vez injustamente, a dar la impresión de complicidad más que de ineficiencia.

Está claro, combatir la corrupción es una tarea que nos atañe a todos.

Madrid, 19 de enero de 2010: La falta de respuesta por el Ministerio de Justicia a preguntas de ciudadanos sobre medidas contra corrupción ha llegado hoy al Tribunal Supremo donde la asociación Access Info Europe busca el amparo del derecho de acceso a la información pública.

Access Info ha calificado como “absurda” la necesidad de recurrir al Tribunal Supremo para obtener una respuesta a una pregunta sobre un tema tan importante como la lucha contra corrupción; situación que no hace más que consolidar la necesidad urgente de adoptar una ley de acceso a la información en España.

El 14 de junio de 2007, un miembro de Access Info presentó una serie de preguntas al Ministerio de Justicia sobre las medidas contra corrupción. Por ejemplo, preguntó “2. En cumplimiento del Convenio de Naciones Unidas contra la corrupción (art. 6), ¿qué órgano es el encargado de prevenir la corrupción cometida por personas y entidades españolas, privadas y públicas? ¿Qué recursos (material y personal) se le han proporcionado?”

El Ministerio no solo nunca contestó, sino que rechazó el recurso administrativo.  La Audiencia Nacional a su vez desestimó la demanda, argumentando que la Constitución Española no garantiza el derecho del ciudadano a solicitar y recibir información de la Administración Pública.

La desestimación del recurso por la Audiencia Nacional sorprendió a Access Info dada la claridad de la jurisprudencia internacional al respecto. En la demanda presentada hoy al Supremo, Access Info cita recientes sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que protegen el acceso a la información como derecho necesario para el ejercicio de libertad de expresión y para que las organizaciones no-gubernamentales puedan crear foros de debate público.

En su demanda presentada al Tribunal Supremo, Access Info reclama el derecho de acceso a información público en base al artículo 20 de la Constitución sobre la libertad de expresión y de opinión, y en base al artículo 23 que establece el derecho de participación de los ciudadanos en la vida política.

“Cómo puedo participar en el debate sobre corrupción si no tengo información sobre que está haciendo el gobierno?” pregunta Juanjo Cordero, miembro de la Junta Directiva de Access Info y el solicitante. “Cómo puedo expresar mis ideas y opiniones, ejercer mi derecho de libertad de expresión, sin información adecuada del gobierno?” añade.

Access Info Europe es una de las ONGs fundadoras de la Coalición Pro Acceso que está reclamando una ley de acceso a la información en España, el único país Europeo de más de un millón de habitantes que no tiene una ley al respecto. En diciembre 2009 el gobierno confirmó que está trabajando en un borrador de una ley de acceso a la información, cumpliendo una promesa electoral incluida en sus programas desde 2004, y repetido en 2008. El plan del gobierno es adoptar una ley que permitiría a España firmar y ratificar la nueva Convención del Consejo de Europa sobre Acceso a Documentos Públicos.

“La absurdidad de este caso subraya la necesidad urgente de adoptar una ley de acceso a la información,” comenta Helen Darbishire, directora de Access Info. “Es impensable que cada ciudadana o ciudadano que quiera saber algo de la Administración Pública,  sobre todo en un tema tan importante en España como la lucha contra la corrupción,  tenga que acudir al Tribunal Supremo.”

La prometida ley de transparencia pública obligará a las Administraciones e instituciones públicas a facilitar a cualquier ciudadano toda información oficial que no esté expresamente sujeta a reserva por razones de Estado o de protección del derecho a la intimidad. La ley instaurará un órgano independiente que vigile a las Administraciones y proteja el derecho de acceso de los ciudadanos a la información oficial, derecho que España aún no ha garantizado como tal después de 32 años de democracia.

Así lo aseguraron a Público fuentes del Ministerio de la Presidencia, que avanzaron otros dos elementos sustanciales de la futura norma: se acortará el plazo de respuesta a los ciudadanos, que ahora es de tres meses; y se establecerá la obligatoriedad de dicha respuesta. Es decir, se eliminará el habitual silencio administrativo ante peticiones incómodas de información. Si el Gobierno cumple y aprueba finalmente la ley, no volverán a repetirse episodios como el de la negativa de la Generalitat valenciana a hacer públicos los contratos adjudicados a la trama Gürtel.

Las mismas fuentes comunicaron que aunque todavía no hay un anteproyecto cerrado, se da por segura la creación del citado órgano de control, elegido por el Parlamento según la promesa socialista y crucial para garantizar que la ley no queda en papel mojado. Esa autoridad independiente que podría recaer en el Defensor del Pueblo o en la Agencia de Protección de Datos se ha demostrado eficaz en países como Reino Unido o Alemania.

La única ley de transparencia aprobada hasta ahora en España la gallega, de 2006 no contempla ningún órgano de seguimiento o apelación, lo que se traduce en un cumplimiento desigual de la norma. La ley estatal, avanzaron las mismas fuentes, precisará que Internet, al que ya acceden en España 24 millones de personas, es una herramienta básica.

El estallido en cadena de casos de corrupción gestados al calor de la opacidad administrativa ha reactivado el debate sobre la necesidad de una ley de transparencia, un compromiso pendiente de Zapatero desde 2004. El Ejecutivo cuya directora general de Coordinación Jurídica, del Ministerio de Presidencia, Ángeles Ahumada, se reunió el día 10 con la plataforma Coalición Pro Acceso, donde se agrupan 29 ONG comprometidas con el derecho a la información se ha fijado ahora un nuevo plazo: aprobar el anteproyecto a comienzos de año para que la ley llegue al Congreso en junio.

El Gobierno niega que España se encuentre en el furgón de cola de Europa en materia de información pública. Según los datos de Coalición Pro Acceso, sólo cinco de los 27 países de la UE España, Grecia Chipre, Luxemburgo y Malta siguen sin legislar sobre el derecho de acceso a los datos en poder de las autoridades. “Pero las leyes de acceso de algunos países están al nivel de nuestra ley de 1992″, replica una fuente oficial en alusión a la Ley de Procedimiento Administrativo. Y los avances en Internet, dice, han sido importantes.

La Coalición Pro Acceso, impulsada por una pequeña ONG, Access Info Europe, y a la que pertenecen organizaciones como Intermón, Reporteros sin Fronteras, Ecologistas en Acción y Transparencia Internacional, retrata la situación con colores más oscuros que el Gobierno. Moncloa cree que leyes como la de libre acceso a la información ambiental, la de acceso electrónico a la Administración o la de reutilización de la información del sector público, aprobadas bajo mandato de Zapatero, han contribuido a abrir la caja de la burocracia. Las ONG subrayan lo que dicen que ya sabían: que la opacidad y un sentido patrimonialista de la información, impropio de democracias consolidadas, constituyen la regla.

Con la Guardia Civil

En su artículo 37, la Ley de Procedimiento Administrativo consagra el derecho de acceso a registros y archivos públicos siempre que los documentos solicitados “formen parte de un expediente”. Pero, como ha puesto por escrito la Convención sobre Acceso a Documentos Oficiales del Consejo de Europa, lanzada en junio y a la que España se adherirá cuando ya tenga en marcha su propia ley, el derecho a la información va más allá de un expediente. Documento oficial, dice el texto, significa “toda la información registrada en cualquier modo, recopilada o recibida y mantenida por autoridades públicas”.

Pero hay más. Las hemerotecas están repletas de quejas por la negativa de poderes públicos, sobre todo ayuntamientos y mediante el famoso silencio administrativo, a facilitar expedientes. Esa negativa vulnera la ley ya existente: pero no pasa nada. Un ejemplo: en abril de este año, una asociación vecinal de Valdemoro (Madrid) y los militantes locales de UPyD contaron y nadie lo desmintió que habían tenido que llamar a la Guardia Civil para que el Ayuntamiento les facilitara el informe de impacto ambiental de una nueva subestación eléctrica. “Aún no he conseguido el acta de la Guardia Civil, que se quedó en la puerta del Ayuntamiento”, dice ahora Antonio González, de UPyD.

El paradigma lo constituye el estrepitoso fracaso de lo estipulado en la Ley del Suelo de 2007. En su artículo 75.7, la ley obliga a publicar anualmente las declaraciones de bienes y actividades de los munícipes y los altos cargos locales, aunque sin precisar cómo. ¿Se cumple? La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que prepara un código de buen gobierno, admite que muy pocos de los 8.110 ayuntamientos lo hacen. El Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, asegura que la declaración de bienes está a disposición de los ciudadanos pero no en Internet sino en la secretaría municipal.
Datos casi inaccesibles

Otras Administraciones vuelcan datos de sueldos, presupuestos y contratos en la Red, pero lo hacen de tal modo que sólo un detective daría con ellos. Un caso: la Xunta de Galicia publica en Internet los sueldos de los altos cargos, pero el buscador de la página principal no es capaz de hallarlos. Hay que rastrear dentro de cada consellería, lo que opera como elemento disuasorio.

“Transparencia es que la información esté fácilmente accesible”, clama Helen Darbishire, una británica afincada en España que dirige Access Info.

El panorama ha mejorado en la Administración central y en las autonómicas, conviene Theo Oberhuber, de Ecologistas en Acción. “Pero muchos ayuntamientos no se dan por enterados de la ley de información ambiental o ponen obstáculos”, replica. Obstáculos como fijar “horarios imposibles” para formular la solicitud. Oberhuber explica de qué habla: “Si tienes que ir a una oficina donde el funcionario está de 12 a 14.00, es muy difícil ejercer el derecho”.

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Firma por nuestro derecho de acceso a la información http://bit.ly/1VWSFL

¡No nos resignaremos a la corrupción! Por una ley transparente YA http://bit.ly/1VWSFL

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¡Hola!

¿Sabías que España es el único país de la Unión Europea con más de un millón de habitantes que no tiene una Ley de acceso a la información pública? Es decir, no hay ninguna ley en este país que asegure que tenemos derecho a solicitar información como el número de expulsiones del país o cómo la SGAE emplea el dinero recaudado del canon.

Más de 30 organizaciones y muchas personas a título individual se han unido para que la información pública sea completamente accesible ya. Queremos una Ley que asegure esa transparencia.

¿Te interesa? Apoyános: http://www.proacceso.org.

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