El derecho a saber

Porque tenemos derecho a saber

El derecho de acceso a la información es un derecho fundamental reconocido por la legislación internacional, por muchas constituciones y por más de 80 leyes nacionales de todo mundo. Es también conocido como el derecho a saber o libertad de información.

El derecho de acceso a la información es el derecho de toda persona de solicitar y recibir información de entidades públicas. Este derecho también obliga a las entidades públicas a publicar información sobre sus funciones y gastos de manera proactiva.

España es el único país de la Unión Europea con más de un millón de habitantes que no tiene una ley específica reguladora del derecho de acceso a la información.

TODAS LAS PERSONAS tienen el derecho de solicitar TODA LA INFORMACIÓN a TODAS LAS ADMINISTRACIONES E INSTITUCIONES PÚBLICAS sin tener que explicar para qué quieren la información o qué uso van a dar a la misma y tienen el derecho de recibir una respuesta en un plazo breve y en un formato claro y comprensible.

El derecho de acceso a la información es el derecho que tiene toda persona a solicitar y recibir información de entidades públicas, así como de entidades privadas en la medida en que éstas desempeñen funciones públicas. El derecho obliga a las entidades públicas a publicar información sobre sus funciones y gastos de manera proactiva. Este derecho es también conocido como el derecho a saber o libertad de información.

De los 27 países que conforman la Unión Europea solamente cuatro (4) no tienen una ley de acceso a la información: Chipre, España, Luxemburgo y Malta. Asimismo, de los 47 países miembros del Consejo de Europa, España es uno de los pocos países (8) que no tienen una ley de acceso a la información (junto con Andorra, Chipre, Luxemburgo, Malta, Mónaco, y San Marino).

En una verdadera democracia sólo es posible una auténtica participación por parte de la ciudadanía si ésta puede acceder en igualdad de condiciones a todo tipo de información que se encuentre en poder de cualquier autoridad pública o de cualquier entidad privada que realice funciones públicas. La mejor herramienta para garantizar el pleno reconocimiento y ejercicio de este derecho es la existencia de una ley específica de acceso a la información.

La Coalición Pro Acceso ha elaborado, tras el análisis de las normas y jurisprudencia existente al respecto, así como de las leyes y la práctica en los países que han regulado este derecho, diez principios que consideramos deberían ser incluidos en la futura ley de acceso a la información pública que se adopte en España.

En 2008 el Consejo de Europa adoptó el Convenio sobre Acceso a Documentos Públicos. Para poder firmar y ratificar esta Convención, España tendrá que adoptar una ley de acceso a la información.