En España las agendas de las reuniones de gabinete son secretas hasta después de que la reunión haya tenido lugar. Por esta razón, se pregunta específicamentepor la fecha prevista para la consideración de la futura ley en la carta mandado hoy por Access Info. Access Info también le ha enviado al gobierno información comparativa sobre otros países en los que sí se hacen públicas las agendas de las reuniones de gabinete antes de que tengan lugar.

Estimado Presidente del Gobierno,

Access Info Europe, miembro de la Coalición Pro Acceso, le escribe hoy con la esperanza de que próximamente el Gobierno abra a debate público la futura ley de Transparencia y Acceso de los Ciudadanos a la Información. Por eso le solicitamos por la presente información sobre dicho anteproyecto de ley.

El lunes 16 de agosto, el periódico El País publicó numerosos detalles sobre el contenido de la futura ley. Puesto que la prensa, al contrario que el resto de los ciudadanos, ya ha tenido acceso al anteproyecto, quisiéramos saber, primero, en qué fechas tiene previsto el Consejo de Ministros considerar este anteproyecto de ley y, segundo, si hay algún tipo de consultas ciudadanas programadas sobre la futura ley de transparencia.

Tal y como muestra el documento adjunto, en muchos países Europeos tanto las agendas de los Consejos de Ministros como los documentos que van a ser considerados en dichas reuniones, se hacen públicos con cierta antelación, excepción hecha de documentos clasificados. En España, en cambio, las agendas del Consejo de Ministros son secretas hasta después de la reunión y, por lo tanto, en esta ocasión no se ha comunicado oficialmente ninguna información sobre el borrador de la ley de transparencia.

La Coalición Pro Acceso acudió a una reunión con el Ministerio de la Presidencia en diciembre de 2009. Aquella reunión tuvo lugar en una etapa temprana de la redacción del anteproyecto, y por ello entonces presentamos a miembros de la Coordinación Jurídica del Ministerio de la Presidencia los nueve principios de la Coalición Pro Acceso. En la reunión no se nos transmitió, sin embargo, ninguna información sobre el previsible contenido de la futura ley (alcance, plazos, etc.). Desafortunadamente ya han pasado nueve meses desde dicha reunión, que no tuvo continuidad, y cuatro meses desde que solicitamos sin éxito al Ministerio de la Presidencia alguna información sobre el estado del anteproyecto de la ley.

Quisiéramos además destacar que en muchos países de nuestro entorno existen requisitos legales de publicar los anteproyectos de ley e incluso los libros blancos que recogen las líneas maestras de éstos. Con todo, la sociedad civil española no ha podido hasta ahora participar en el debate sobre los detalles de este anteproyecto de ley por falta de información sobre su contenido.

Estamos firmemente convencidos de que es esencial que la sociedad civil pueda aportar comentarios fundados acerca de un anteproyecto de ley que está llamado a tener un gran valor en la defensa de los derechos de los ciudadanos de España, tal y como ya ocurre en otras democracias Europeas.

A la  espera de una pronta respuesta, reciba usted un saludo afectuoso.

Helen Darbishire, Directora Ejecutiva de Access Info Europe.

“Hasta el momento toda la información que tenemos sobre esta ley proviene de filtraciones en los medios de comunicación. Esta es precisamente la cultura que tiene que cambiar para permitir que los ciudadanos fiscalicen al gobierno y participen en la toma de decisiones de una manera digna de una democracia moderna,” comentó Helen Darbishire, directora de Access Info.

España es el único país de Europa con más de un millón de habitantes que todavía no garantiza el derecho de acceso a la información pública. Según la información divulgada por El País, incluso con la nueva ley, España seguirá a la cola en ciertos aspectos, como por ejemplo, en el tiempo que tendrá las instituciones públicas para contestar – que será de 30 días, con la opción de extenderlo a 60 – mientras que la media europea es de 14,5 días.

“Como ciudadanos, cuando recibimos cartas de la administración, solemos tener 10 días para contestar. Parece razonable exigir una paridad en este sentido,” añadió Darbishire.

Tras varios intentos por parte de la Coalición Pro Acceso de conseguir la publicación del borrador o algún tipo de declaración por parte del gobierno sobre el mismo, la única información con la que cuenta la sociedad civil sobre la futura ley es con el análisis que de este borrador hace el diario El País, que sí ha tenido acceso al mismo.

Haciendo un breve análisis de la información publicada  podemos concluir que la futura ley de acceso a la información en España no cumplirá con los principios básicos del derecho de acceso a la información pública y esto dificultará el cumplimiento de los requisitos necesarios para poder ratificar el Convenio de Acceso a Documentos Oficiales del Consejo de Europa, primera normativa internacional que marca los estándares mínimos que aseguran el derecho de acceso a la información y cuya ratificación era uno de los objetivos para España (ver a continuación una tabla con un análisis comparativo de la futura ley).

Access Info Europe da la bienvenida a la decisión de elegir como órgano de control la agencia de la protección de datos, siguiendo así el modelo de Países como Alemania, Eslovenia, Hungría, y Reino Unido que han integrado el control de los dos derechos bajo el mismo techo; la agencia pasará a llamarse, Agencia Española de Protección de Datos y de Acceso a la Información.

Este modelo, muy eficaz en otros países, plantea dudas en España debido a la naturaleza no fundamental del derecho de acceso a la información y al alcance limitado del mismo. Desde Access Info Europe se teme que de no aplicarse a todas las autoridades públicas, como en el caso de la ley de protección de datos,  la futura ley pueda partir con una gran limitación de base que merme gravemente el derecho de acceso a la información pública.

Irene Milleiro de Intermón Oxfam, miembro de la Coalición Pro Acceso comenta: “Solo cuando esta ley sea aplicable a todas las administraciones públicas, el derecho de acceso a la información se convertirá efectivamente en una herramienta de la sociedad civil para luchar contra la corrupción, y los ciudadanos podrán pedir una verdadera rendición de cuentas a sus representantes políticos”.

Análisis comparativo de la futura ley de acceso a la información en España con los principios báscios de la Coalición Pro Acceso:

El Gobierno Vasco se compromete a una efectiva apertura de los datos públicos que obran en su poder, entendiendo como públicos todos aquellos datos no sujetos a restricciones de privacidad, seguridad o propiedad. La disposición de conjuntos de datos en formatos reutilizables se realizará de manera ordenada y siguiendo criterios de prioridad. Los conjuntos de datos se ofrecerán bajo licencias de propiedad abiertas, que permitan su redistribución, su reutilización y su aprovechamiento con fines comerciales.

http://opendata.euskadi.net/w79-home/es

7 de Abril de 2010

Madrid, 5 de abril de 2010- Ante la falta de transparencia de las instituciones españolas y la falta de una ley que garantice el derecho de acceso la información pública, la Coalición Pro Acceso lanza hoy la “Campaña de las 100 Preguntas” con la que pretende reclamar y demostrar la necesidad de un mayor aperturismo de la administración española.

La Coalición Pro Acceso, un grupo de 29 organizaciones unidas a favor de la aprobación de una ley de acceso a la información en España, ha empezado a presentar solicitudes de información a todo tipo de entidades públicas. Monitoreos previos revelaron entre un 60% y 78% de silencio administrativo como respuesta a las solicitudes presentadas.

Teniendo en cuenta la dificultad que tiene la ciudadanía para acceder a datos públicos debido a la carencia de una ley de acceso a la información en España, la Coalición Pro Acceso quiere demostrar la urgente necesidad de mejorar el cumplimiento de un derecho que está protegido por la Constitución Española.

“El derecho de acceso a la información es esencial para la lucha contra la corrupción, y para facilitar el debate público sobre temas importantes como la situación económica, el desempleo, y la protección del medio ambiente,” dijo Victoria Anderica, de Access Info Europe, miembro de la Coalición Pro Acceso.

Según la información que posee la Coalición Pro Acceso, el gobierno, para cumplir con sus promesas electorales de 2004 y 2008 de aprobar una ley de acceso a la información, está trabajando en una ley cuyo borrador aún no ha sido compartido con la sociedad civil.

Victoria Anderica  comentó: “Conseguir recibir información de las instituciones españolas es una odisea, requiere mucho tiempo y esfuerzo por parte del solicitante y ante la continua falta de respuesta, el desgaste hace que la gente desista.”

Las preguntas serán de toda índole e irán dirigidas a todo tipo de entidad pública de cualquier parte del territorio español. Estas preguntas son propuestas que la Coalición Pro Acceso recoge de los ciudadanos a través de su página web.

Las primeras solicitudes han ido dirigidas al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, al Ayuntamiento de Madrid, al Ministerio de Trabajo e Inmigración y al Ministerio de Sanidad y Política Social. A la espera de los resultados que se irán publicando en la página de la Coalición Pro Acceso,  esta anima a todo aquel que quiera participar en esta campaña a proponer sus preguntas en http://www.proacceso.org/ y a exigir una mayor transparencia en su relación con la administración.

• ·         Para saber más sobre la Coalición Pro Acceso ir a http://www.proacceso.org/

Para mayor información, contactar con: Access Info

Presidente Fundación Ciencias de la Documentación

Analista asuntos Iberoamericanos

Si cualquier de nosotros introduce el término corrupción en el buscador Google verá que el mismo da como respuesta a su consulta aproximadamente 9.970.000 de enlaces y documentos; o si uno se apunta a crear una alerta de correo electrónico para la misma palabra en el mismo buscador comprobará cómo cada día se le llena su buzón con noticias relacionadas. Y es que el término corrupción es uno de los más “asiduo” de nuestro panorama informacional que nos provoca preocupación e indignación.

Existen numerosas definiciones del término corrupción, pero considerada en general es el aprovechamiento indebido de un patrimonio, normalmente público, con el fin de obtener beneficios privados, siendo, según los expertos, uno de los problemas más graves que afectan a los estados democráticos de todo el mundo, tanto si son grandes o pequeños, ricos o pobres, del norte o del sur.

Las causas que originan la corrupción tienen enfoques muy variados como el tradicionalmente considerado “bajo salario” de los corruptos de “baja escala”, donde la suma “baja probabilidad de ser descubierto” más “bajo valor de castigo esperado” más “pérdida de valores morales sociales” (responsabilidad, honestidad, honradez, tolerancia, …) es igual a una MAYOR corrupción.

Los efectos de la corrupción son grandes y, aunque la misma tiende a ser encubierta,  se dejan sentir en todos las dimensiones de la sociedad, en especial en la económica (reduciendo los ingresos fiscales, descendiendo el PIB, y distorsionando el gasto público), comercial (arruinando el libre comercio, frenando la innovación, y espantando a los inversionistas), social (acentuando las diferencias sociales), y política (generando progresiva pérdida de legitimidad del sistema político en su conjunto, y fortaleciendo la sensación de impunidad), creando con el tiempo un círculo vicioso que de no detenerse, puede crecer hasta volverse incontrolable.

Por su parte, los costos de la corrupción son difíciles de cuantificar pues como ya hemos visto es fruto del secreto que entraña este tipo de actividades, y sus efectos se difunden en todas las dimensiones de la sociedad de una forma compleja, aunque de forma teórica los costos de la corrupción deben medirse en términos de pérdida de eficiencia, entendiendo esta como la cantidad de bienes y servicios que dejan de producirse como resultado de la corrupción, los cuales aunque son pagados por toda la sociedad, afectan especialmente a los más pobres en su bienestar, seguridad y calidad de vida.

Se han emprendido diversas iniciativas para medir el costo económico de la corrupción, como el Índice de Opacidad de Price-Waterhouse-Coopers, que estima el costo para las empresas de invertir de acuerdo a una estimación de la opacidad, o de la falta de transparencia de un país (un país corrupto ahuyenta las inversiones extranjeras ya que estos tienen una probabilidad entre un 50% y un 100% de perder su inversión en un plazo de cinco años, según la agencia de calificación de valores Standard and Poor’s), aunque también se podría medir por medio del cálculo de los sobornos pagados, índice per capita (menor en países con alta corrupción), o el número de conexiones criminales establecidas.

Las soluciones a la corrupción – si existen – no son fáciles. En cualquier caso, el primer paso para corregir un defecto es admitirlo, el segundo combatirlo, el tercero eliminarlo, y el cuarto fomentar, a cambio, una virtud.

Parece ser que la mayoría de los países han tomado conciencia – admitido – que el problema de la corrupción no es un mal doméstico menor que podemos esconder debajo de la alfombra, sino que es un mal que si no se ataja corromperá la democracia y el estado de bienestar que sobre ella hemos establecido. Otro grupo de países han pasado a un segundo nivel y buscan combatirlo, principalmente con leyes de transparencia y acceso a la información pública (en junio de 2008 al menos 76 países habían puesto en marcha leyes de acceso a la información, donde no está incluida todavía a fecha de hoy España). No obstante, muchos países siguen obviando el papel del cambio ciudadano en la lucha contra la corrupción. Susan Rose-Ackerman, una de las más prestigiosas expertas mundiales, profesora y codirectora del Centro de Derecho, Economía y Políticas Públicas de la Universidad de Yale, ex consultora del Banco Mundial señala que el papel de los medios de comunicación como transmisores de valores morales sociales y de los ciudadanos honestos es importante para presionar de manera constructiva a los corruptos. Es decir, redefinir la ecuación más arriba indicada por otra donde “alta probabilidad de ser descubierto” más “alto valor de castigo esperado” más “cumplimiento de valores morales sociales” (responsabilidad, honestidad, honradez, tolerancia, …) es igual a una MENOR corrupción.

Las redes sociales y los nuevos medios de comunicación digitales están propiciando un nuevo movimiento ciudadano que haciendo uso de la información contenida en los documentos – soportes que registran las actividades de personas e instituciones – en base a las nuevas competencias que les otorgan las leyes, buscan terminar con la lacra de la corrupción. Nuevo movimiento que muchos partidos políticos – columna vertebral de la democracia – parecen ignorar, frustrando en algunos casos el interés por cambiar de la otra parte de la sociedad que bajo el lema “¿qué puedo hacer yo para cambiar esto si sólo soy un ciudadano de “a pié”?  caen en el apoplejía del conformismo de dejar pasar las cosas como están con la resignación de que no está en sus manos el provocar el cambio. Este fracaso contribuye, tal vez injustamente, a dar la impresión de complicidad más que de ineficiencia.

Está claro, combatir la corrupción es una tarea que nos atañe a todos.

No se puede pretender que el derecho fundamental a recibir información veraz por cualquier medio de comunicación incluya un deber general de la Administración de informar sobre cualquier materia”. El entrecomillado pertenece a una reciente sentencia de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional que prueba de modo tajante cómo el derecho a la información oficial, al que apelan los artículos 20 y 105 de la Constitución, no existe hoy como tal derecho en España.

En su fallo, del 22 de octubre, la Audiencia desestima una demanda de la ONG Access Info, que actuó contra el Ministerio de Justicia por no responder a su solicitud de información sobre cómo había desarrollado legislativamente España el convenio de la OCDE para la lucha contra la corrupción.

Los demandantes no preguntaban por un secreto de Estado, sino por una ley.

Los demandantes, que han recurrido ante el Tribunal Supremo, no pretendían que se les revelase ningún secreto de Estado. No había en juego ninguna de las excepciones comunes con que las leyes de acceso limitan el derecho de los ciudadanos a obtener información pública. La Convención del Consejo de Europa sobre Acceso a los Documentos Oficiales establece un catálogo de posibles excepciones, entre las que destacan las siguientes: la seguridad nacional, la defensa y las relaciones internacionales; la seguridad pública; la prevención, investigación o persecución de actividades delictivas; las investigaciones disciplinarias; la inspección, control y supervisión por autoridades públicas.

La sentencia de la Audiencia Nacional ofrece una singularidad ilustrativa de cómo están las cosas en el plano jurídico: la única jurisprudencia que cita es una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) dictada en enero de este año y que nada tiene que ver con el acceso a la información. Relativa al conflicto de intereses suscitado por la publicación de una noticia que el hijo de un concejal consideró injurioso, el fallo del alto tribunal invocaba su propia doctrina sobre los límites de la libertad de expresión, derecho reconocido en el artículo 20 de la Carta Magna. El TC otorgó amparo al autor del artículo.

Para Enrique Jaramillo, abogado de Access Info, la resolución de la Audiencia constata que el artículo 20 de la Constitución se ha aplicado generalmente en la vertiente que protege el derecho a “comunicar libremente información”, pero no en la que salvaguarda el derecho a “recibir” esa información. “Cuando se hizo la Constitución arguye el letrado, nadie se planteó que había un derecho a la información oficial, por eso el artículo 20 es más difuso en ese aspecto”.

Artículo aparecido en Público.

Paco Polo comenta del estreno de una herramienta de Open Goverment en Euskadi, además de otras dos iniciativas en Estados Unidos y Reino Unido.

¿Pero esto de poner los datos a disposición del público para qué sirve? En primer lugar tiene una función obvia, la de poder conocerlos. Pero sus aplicaciones van más allá. En lo político la apuesta por transparencia significa una mayor facilidad para luchar contra la corrupción. ¿Recordáis los recientes escándalos de los sueldos de los diputados británicos?

@ribo recoge la última denuncia realizada por Access Info:

Ésta es una historia real que se repite continuamente en España, un pais que se llama democracia pero que no garantiza un derecho tan fundamental como es el acceso de los ciudadan@s de la la información que es de tod@os, la información que recoge, produce y almacena con nuestro dinero.

DMontero explica una iniciativa de PCE para recoger firmas y promover el conocimiento de las cuentas pormenorizadas de la Casa Real. También hace previsiones sobre cómo acabará la impugnación al Tribunal Supremo que hizo Access Info sobre el silencio del Gobierno en cuanto a las medidas contra la corrupción:

Puede que sea una lucha quijotesca. Pero seguro que da resultado. No en esta ocasión. Pero sí en los tribunales europeos, donde el proceso acabará con toda probabilidad tras agotar la vía legal en España y donde la jurisprudencia internacional ya reconoce estos derechos -a los que España todavía no se ha sumado- desde hace años.

La noticia ha tenido bastante impactos en medios. Enlazamos algunos:

• Europa Press: Una ONG recurre al Supremo porque el Ministerio de Justicia no le dio respuestas sobre la lucha contra la corrupción
• ABC: Demandan ante el Supremo el mutismo del Gobierno sobre su plan anticorrupción
• El Economista: Una ONG recurre al Supremo porque el Ministerio de Justicia no le dio respuestas sobre la lucha contra la corrupción

Replican la nota:

• Asociación de la Prensa de Madrid
• AEFP

Madrid, 19 de enero de 2010: La falta de respuesta por el Ministerio de Justicia a preguntas de ciudadanos sobre medidas contra corrupción ha llegado hoy al Tribunal Supremo donde la asociación Access Info Europe busca el amparo del derecho de acceso a la información pública.

Access Info ha calificado como “absurda” la necesidad de recurrir al Tribunal Supremo para obtener una respuesta a una pregunta sobre un tema tan importante como la lucha contra corrupción; situación que no hace más que consolidar la necesidad urgente de adoptar una ley de acceso a la información en España.

El 14 de junio de 2007, un miembro de Access Info presentó una serie de preguntas al Ministerio de Justicia sobre las medidas contra corrupción. Por ejemplo, preguntó “2. En cumplimiento del Convenio de Naciones Unidas contra la corrupción (art. 6), ¿qué órgano es el encargado de prevenir la corrupción cometida por personas y entidades españolas, privadas y públicas? ¿Qué recursos (material y personal) se le han proporcionado?”

El Ministerio no solo nunca contestó, sino que rechazó el recurso administrativo.  La Audiencia Nacional a su vez desestimó la demanda, argumentando que la Constitución Española no garantiza el derecho del ciudadano a solicitar y recibir información de la Administración Pública.

La desestimación del recurso por la Audiencia Nacional sorprendió a Access Info dada la claridad de la jurisprudencia internacional al respecto. En la demanda presentada hoy al Supremo, Access Info cita recientes sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que protegen el acceso a la información como derecho necesario para el ejercicio de libertad de expresión y para que las organizaciones no-gubernamentales puedan crear foros de debate público.

En su demanda presentada al Tribunal Supremo, Access Info reclama el derecho de acceso a información público en base al artículo 20 de la Constitución sobre la libertad de expresión y de opinión, y en base al artículo 23 que establece el derecho de participación de los ciudadanos en la vida política.

“Cómo puedo participar en el debate sobre corrupción si no tengo información sobre que está haciendo el gobierno?” pregunta Juanjo Cordero, miembro de la Junta Directiva de Access Info y el solicitante. “Cómo puedo expresar mis ideas y opiniones, ejercer mi derecho de libertad de expresión, sin información adecuada del gobierno?” añade.

Access Info Europe es una de las ONGs fundadoras de la Coalición Pro Acceso que está reclamando una ley de acceso a la información en España, el único país Europeo de más de un millón de habitantes que no tiene una ley al respecto. En diciembre 2009 el gobierno confirmó que está trabajando en un borrador de una ley de acceso a la información, cumpliendo una promesa electoral incluida en sus programas desde 2004, y repetido en 2008. El plan del gobierno es adoptar una ley que permitiría a España firmar y ratificar la nueva Convención del Consejo de Europa sobre Acceso a Documentos Públicos.

“La absurdidad de este caso subraya la necesidad urgente de adoptar una ley de acceso a la información,” comenta Helen Darbishire, directora de Access Info. “Es impensable que cada ciudadana o ciudadano que quiera saber algo de la Administración Pública,  sobre todo en un tema tan importante en España como la lucha contra la corrupción,  tenga que acudir al Tribunal Supremo.”

El Ministerio del Interior está en los tribunales. Y el de Cultura. Y el de Defensa. Hasta el Ministerio del Justicia se encuentra entre los acusados. Todos han sido denunciados por ocultar información al ciudadano.

“Es desaconsejable entregar esa información”, “ese dato no está previsto por ley”, “no damos información sobre contratos en vigor”… Estos son sólo algunos ejemplos, o mejor algunas excusas empleadas por la Administración para negar información a los ciudadanos. En el 35 por ciento de los casos, las entidades públicas ni siquiera contestan. Simplemente dan la callada por respuesta. Silencio administrativo se llama la argucia en términos legales. Si cualquier persona quiere conocer datos tan sencillos como el precio de un alquiler para el Ministerio de Justicia o dónde invierte la SGAE los 30 millones de euros que recauda cada año del canon digital –del que rinde cuentas al Ministerio de Cultura– no tiene más remedio que acudir a los tribunales para conseguirlo.

Y eso hizo Acces Info, una organización internacional dedicada a proteger el derecho de acceso a la información en toda Europa. La ONG realizó el pasado año un estudio para evaluar la transparencia de la Administración española, presentando 41 solicitudes de información. Sus integrantes solicitaron a título particular –como ciudadanos de a pie– datos sencillos, como el número de inmigrantes expulsados de España en 2007 o la cantidad de jueces expedientados por el Consejo General del Poder Judicial. Aquello fue sólo una excusa. Lo importante no era el dato en sí, sino hacer valer su derecho a acceder a la información pública. De poco sirvió. La gran mayoría de sus peticiones –el 78 por ciento– no tuvo respuesta satisfactoria. De una forma u otra, la Administración se negó a darles la información. Unas veces porque no lo consideraban oportuno. Otras porque no estaba contemplado en normativa alguna o porque, sencillamente, los datos no eran públicos. Sin más explicaciones.

En febrero de 2008, el PSOE desveló una lista con cien razones para votar a José Luis Rodríguez Zapatero. Las elecciones generales estaban a la vuelta de la esquina –se celebraron el 9 de marzo– y el PSOE sacó un argumentario definitivo para aupar a su candidato como presidente. El punto 91 rezaba textualmente, bajo la fotografía de una joven con mirada sonriente: “Garantizaremos por ley el derecho de los ciudadanos a acceder a la información y documentación oficial que esté en poder de las administraciones”. La promesa no era nueva. Ya estaba en el programa electoral del PSOE desde 2004 y contaba con dos excepciones: “Salvo en materia de secretos oficiales y protección de datos”.

A día de hoy, España es el único país avanzado de la Unión Europea que carece de una ley que regule el nivel de acceso de los ciudadanos a la información pública. Y tras seis años ininterrumpidos de Gobierno, el Ejecutivo de Zapatero se ha puesto a ello. El pasado 10 de diciembre, el servicio jurídico del Ministerio de Presidencia, encargado de elaborar el borrador de la nueva ley, se reunió con la plataforma Coalición Pro Acceso, donde se agrupan 29 organizaciones no gubernamentales.

Los portavoces estatales se comprometieron a crear un organismo independiente, al estilo del Defensor del Pueblo, que se encargue de velar por el acceso de los ciudadanos a la información pública. La nueva normativa prohibirá de forma tajante el silencio administrativo y reducirá el plazo que tienen las instituciones públicas para entregar la información, que en la actualidad es de tres meses.

Sin embargo, las promesas no han contentado a todos los presentes, ya que el equipo liderado por Ángeles Ahumada, directora general de Coordinación Jurídica del Ministerio de la Presidencia, prevé modificar el reglamento existente para el acceso a los archivos estatales, mientras los miembros de la Coalición Pro Acceso persiguen que el hecho de recibir información pública sea reconocido como un derecho fundamental, recogido en el artículo 20 de la Constitución. Y eso implicaría la creación de una ley orgánica.
En cualquier caso, la normativa española se tiene que adecuar a los principios aprobados por el Consejo de Europa, que aseguran información para todos los ciudadanos, gratuita y de forma “inmediata”. En un punto vital del articulado, la Convención Sobre Documentos Públicos del Consejo de Europa prohíbe a los miembros de la Administración preguntar por el motivo de la consulta. Con esta premisa, nadie podrá preguntar por qué un ciudadano, investigador o periodista solicita la cifra de gastos de un ministerio o cualquier otro dato sensible para la imagen pública. Lo que se busca es evitar posibles vetos estatales dependiendo de la motivación.

A la cabeza de la Unión Europea en este terreno se encuentra Suecia, donde los funcionarios tienen la obligación legal de primar las consultas públicas sobre cualquier otro trabajo y la Administración contesta a cualquier requerimiento en un plazo máximo de 48 horas. Estos plazos son vitales cuando, por ejemplo, un ciudadano tiene que litigar contra un poder público y requiere de un dato o expediente para preparar su denuncia. Es común que la entidad en cuestión se escude en el silencio administrativo para demorar el proceso. El ciudadano tiene que ir primero a los tribunales para conseguir el dato en cuestión, lo que puede alargar el proceso casi un año. Y luego, plantear su demanda real.

Mientras el Ejecutivo español mantiene su hoja de ruta y espera llevar la nueva ley al Congreso en junio de 2010, algunas de las peticiones de la organización Acces Info han terminado en los tribunales (ver recuadros). La más avanzada, contra el Ministerio de Justicia, fue rechazada por la Audiencia Nacional. El fallo está recurrido en el Tribunal Supremo. Los denunciantes están dispuestos a llevar todos los casos hasta el final y terminar, si es necesario, ante los organismos jurídicos de la Unión Europea. Allí, la jurisprudencia está por el momento a su favor.