No se puede pretender que el derecho fundamental a recibir información veraz por cualquier medio de comunicación incluya un deber general de la Administración de informar sobre cualquier materia”. El entrecomillado pertenece a una reciente sentencia de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional que prueba de modo tajante cómo el derecho a la información oficial, al que apelan los artículos 20 y 105 de la Constitución, no existe hoy como tal derecho en España.

En su fallo, del 22 de octubre, la Audiencia desestima una demanda de la ONG Access Info, que actuó contra el Ministerio de Justicia por no responder a su solicitud de información sobre cómo había desarrollado legislativamente España el convenio de la OCDE para la lucha contra la corrupción.

Los demandantes no preguntaban por un secreto de Estado, sino por una ley.

Los demandantes, que han recurrido ante el Tribunal Supremo, no pretendían que se les revelase ningún secreto de Estado. No había en juego ninguna de las excepciones comunes con que las leyes de acceso limitan el derecho de los ciudadanos a obtener información pública. La Convención del Consejo de Europa sobre Acceso a los Documentos Oficiales establece un catálogo de posibles excepciones, entre las que destacan las siguientes: la seguridad nacional, la defensa y las relaciones internacionales; la seguridad pública; la prevención, investigación o persecución de actividades delictivas; las investigaciones disciplinarias; la inspección, control y supervisión por autoridades públicas.

La sentencia de la Audiencia Nacional ofrece una singularidad ilustrativa de cómo están las cosas en el plano jurídico: la única jurisprudencia que cita es una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) dictada en enero de este año y que nada tiene que ver con el acceso a la información. Relativa al conflicto de intereses suscitado por la publicación de una noticia que el hijo de un concejal consideró injurioso, el fallo del alto tribunal invocaba su propia doctrina sobre los límites de la libertad de expresión, derecho reconocido en el artículo 20 de la Carta Magna. El TC otorgó amparo al autor del artículo.

Para Enrique Jaramillo, abogado de Access Info, la resolución de la Audiencia constata que el artículo 20 de la Constitución se ha aplicado generalmente en la vertiente que protege el derecho a “comunicar libremente información”, pero no en la que salvaguarda el derecho a “recibir” esa información. “Cuando se hizo la Constitución arguye el letrado, nadie se planteó que había un derecho a la información oficial, por eso el artículo 20 es más difuso en ese aspecto”.

Artículo aparecido en Público.

Llevan mucho tiempo defendiendo el “derecho a saber”. La Coalición Pro Acceso es una organización dedicada a impulsar la transparencia en las informaciones emitidas y facilitadas por los organismos públicos, no sólo como una alternativa de comunicación para los ciudadanos, sino también como una forma de prevenir irregularidades y posibles corrupciones. En el horizonte está la creación de una futura Ley de Acceso a la Información Pública. Hemos hablado con Helen Darbishire para que nos cuente más acerca de la Coalición.

¿En qué consiste la Coalición Pro Acceso?

Es una plataforma abierta a todas las ONG que quieren apoyar el movimiento para la transparencia del Gobierno en España. Los individuos también pueden apoyar la campaña firmando los nueve Principios de la Coalición, que contienen los elementos imprescindibles de una futura ley de acceso a la información para que la ley cumpla con los estándares internacionales.

Casi 30 organizaciones forman parte de esta coalición. ¿No supone eso un problema a la hora de tomar decisiones?

Siendo una coalición con un objetivo muy bien definido -conseguir una ley de acceso a la información– no tenemos problemas con la toma de decisiones. Al inicio del proceso adoptamos los nueve Principios de la Coalición basándonos en los estándares internacionales y estos principios nos guían en todos nuestros acciones. Además, los representantes de los miembros de la Coalición son profesionales en sus campos y normalmente nuestras discusiones son muy eficientes.

¿Qué tal ha ido la reunión con el Gobierno? ¿Qué sensaciones os quedan?

La reunión fue muy positiva. Nuestra intención es crear una futura Ley de Acceso a la Información Pública, e insistimos en que dicha Ley debe de recoger de forma clara que se trata de un derecho fundamental enmarcado dentro de la libertad de información de la Constitución Española, como ocurre en la Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos o la Corte Interamericana de los Derechos Fundamentales.

La reunión fue sumamente cordial, con un interesante intercambio de opiniones. Desde la Dirección General de Coordinación Jurídica están considerando que el borrador que se está redactando cumpla los 9 principios de la Coalición Pro-Acceso. Ambas partes están de acuerdo en que las administraciones públicas deben de ofrecer información de forma activa, ponerla a disposición del público antes incluso de que se presenten solicitudes. Consideran que habrá que realizar un esfuerzo importante para adaptar las Administraciones Públicas a este derecho de acceso a la información pública.

Este primer intercambio de opiniones fue muy positivo y confiamos en que las reuniones continúen en el futuro.

¿Creéis que habrá interés político en facilitar estos trámites de información y comunicación?

Normalmente en todos los países hay gente dentro del gobierno que no quieren abrir las puertas del gobierno y que no quieren ser transparentes. Y otros que sí. Tenemos que trabajar con quienes entienden la naturaleza democrática del derecho de acceso a la información.

¿Qué razones puede haber para que en España no se facilite una serie de datos que en otros países sí se facilitan?

Es un poco misterioso dado los avances en acceso a la información en otros países de Europa, incluso de Europa del Este, de América Latina, de África… Supongo que es un fallo de la Transición. Es interesante que todo los países de Europa del Este, con la excepción de Bielorrusia –un país gobernado por un dictador–, tienen leyes de acceso a la información. No es que no haya transparencia en España, pero en la práctica, es muy deficiente la información que se deja al alcance del ciudadano.

¿La información es poder?

La Constitución Española dice en su artículo 1.2: “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”. El poder pertenece al pueblo, así como a él pertenece la información que está en las manos de las entidades públicas.
Interior no facilita los datos sobre el número de personas expulsadas de territorio español por “ser desaconsejable proporcionar este tipo de información a particulares”

¿Lo consideráis un argumento válido?

Hemos lanzado una demanda contra Interior ante del Tribunal Administrativo Contencioso. No, no consideramos un argumento ni válido ni permitido por las leyes actuales de España. A ver qué dicen los jueces…

¿Creéis que la transparencia al aportar según qué datos puede ayudar realmente a parar la corrupción?

Parar no, pero disminuir sí. La transparencia es como una vacuna contra la corrupción: funciona, pero no en todos los casos. Necesitamos también leyes, jueces y la voluntad política dentro de la clase política de cambiar el sistema. Al menos con acceso a la información los ciudadanos tendrán la información para controlar las acciones de los elegidos, para exigir mayor rendición de cuentas, y para saber cuándo uno miente.

¿Creéis que los ciudadanos son realmente conscientes de la importancia de saber según qué cosas?

En el día de día, en las tiendas, las calles, los bares, los mercados, las oficinas, las universidades, los centros deportivos, las peluquerías, los taxis, aún en los oficinas de la propia administración, escucho a gente hablando de la necesidad de saber más sobre lo que están haciendo la clase política.

Vivimos en la era de la informática y existe verdadera hambre de información. También escucho a mucha gente indignada por los casos de corrupción y harta de pensar que se utiliza su dinero –sus impuestos– para enriquecerse ilegalmente.

La Coalición Pro Acceso y sus organizaciones miembros representan a cientos de miles de personas. Ahora tenemos una página en Facebook, estamos en Twitter… Cualquier persona puede firmar nuestros nueve Principios y participar en la campaña para un mayor transparencia en España.

La prometida ley de transparencia pública obligará a las Administraciones e instituciones públicas a facilitar a cualquier ciudadano toda información oficial que no esté expresamente sujeta a reserva por razones de Estado o de protección del derecho a la intimidad. La ley instaurará un órgano independiente que vigile a las Administraciones y proteja el derecho de acceso de los ciudadanos a la información oficial, derecho que España aún no ha garantizado como tal después de 32 años de democracia.

Así lo aseguraron a Público fuentes del Ministerio de la Presidencia, que avanzaron otros dos elementos sustanciales de la futura norma: se acortará el plazo de respuesta a los ciudadanos, que ahora es de tres meses; y se establecerá la obligatoriedad de dicha respuesta. Es decir, se eliminará el habitual silencio administrativo ante peticiones incómodas de información. Si el Gobierno cumple y aprueba finalmente la ley, no volverán a repetirse episodios como el de la negativa de la Generalitat valenciana a hacer públicos los contratos adjudicados a la trama Gürtel.

Las mismas fuentes comunicaron que aunque todavía no hay un anteproyecto cerrado, se da por segura la creación del citado órgano de control, elegido por el Parlamento según la promesa socialista y crucial para garantizar que la ley no queda en papel mojado. Esa autoridad independiente que podría recaer en el Defensor del Pueblo o en la Agencia de Protección de Datos se ha demostrado eficaz en países como Reino Unido o Alemania.

La única ley de transparencia aprobada hasta ahora en España la gallega, de 2006 no contempla ningún órgano de seguimiento o apelación, lo que se traduce en un cumplimiento desigual de la norma. La ley estatal, avanzaron las mismas fuentes, precisará que Internet, al que ya acceden en España 24 millones de personas, es una herramienta básica.

El estallido en cadena de casos de corrupción gestados al calor de la opacidad administrativa ha reactivado el debate sobre la necesidad de una ley de transparencia, un compromiso pendiente de Zapatero desde 2004. El Ejecutivo cuya directora general de Coordinación Jurídica, del Ministerio de Presidencia, Ángeles Ahumada, se reunió el día 10 con la plataforma Coalición Pro Acceso, donde se agrupan 29 ONG comprometidas con el derecho a la información se ha fijado ahora un nuevo plazo: aprobar el anteproyecto a comienzos de año para que la ley llegue al Congreso en junio.

El Gobierno niega que España se encuentre en el furgón de cola de Europa en materia de información pública. Según los datos de Coalición Pro Acceso, sólo cinco de los 27 países de la UE España, Grecia Chipre, Luxemburgo y Malta siguen sin legislar sobre el derecho de acceso a los datos en poder de las autoridades. “Pero las leyes de acceso de algunos países están al nivel de nuestra ley de 1992″, replica una fuente oficial en alusión a la Ley de Procedimiento Administrativo. Y los avances en Internet, dice, han sido importantes.

La Coalición Pro Acceso, impulsada por una pequeña ONG, Access Info Europe, y a la que pertenecen organizaciones como Intermón, Reporteros sin Fronteras, Ecologistas en Acción y Transparencia Internacional, retrata la situación con colores más oscuros que el Gobierno. Moncloa cree que leyes como la de libre acceso a la información ambiental, la de acceso electrónico a la Administración o la de reutilización de la información del sector público, aprobadas bajo mandato de Zapatero, han contribuido a abrir la caja de la burocracia. Las ONG subrayan lo que dicen que ya sabían: que la opacidad y un sentido patrimonialista de la información, impropio de democracias consolidadas, constituyen la regla.

Con la Guardia Civil

En su artículo 37, la Ley de Procedimiento Administrativo consagra el derecho de acceso a registros y archivos públicos siempre que los documentos solicitados “formen parte de un expediente”. Pero, como ha puesto por escrito la Convención sobre Acceso a Documentos Oficiales del Consejo de Europa, lanzada en junio y a la que España se adherirá cuando ya tenga en marcha su propia ley, el derecho a la información va más allá de un expediente. Documento oficial, dice el texto, significa “toda la información registrada en cualquier modo, recopilada o recibida y mantenida por autoridades públicas”.

Pero hay más. Las hemerotecas están repletas de quejas por la negativa de poderes públicos, sobre todo ayuntamientos y mediante el famoso silencio administrativo, a facilitar expedientes. Esa negativa vulnera la ley ya existente: pero no pasa nada. Un ejemplo: en abril de este año, una asociación vecinal de Valdemoro (Madrid) y los militantes locales de UPyD contaron y nadie lo desmintió que habían tenido que llamar a la Guardia Civil para que el Ayuntamiento les facilitara el informe de impacto ambiental de una nueva subestación eléctrica. “Aún no he conseguido el acta de la Guardia Civil, que se quedó en la puerta del Ayuntamiento”, dice ahora Antonio González, de UPyD.

El paradigma lo constituye el estrepitoso fracaso de lo estipulado en la Ley del Suelo de 2007. En su artículo 75.7, la ley obliga a publicar anualmente las declaraciones de bienes y actividades de los munícipes y los altos cargos locales, aunque sin precisar cómo. ¿Se cumple? La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que prepara un código de buen gobierno, admite que muy pocos de los 8.110 ayuntamientos lo hacen. El Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, asegura que la declaración de bienes está a disposición de los ciudadanos pero no en Internet sino en la secretaría municipal.
Datos casi inaccesibles

Otras Administraciones vuelcan datos de sueldos, presupuestos y contratos en la Red, pero lo hacen de tal modo que sólo un detective daría con ellos. Un caso: la Xunta de Galicia publica en Internet los sueldos de los altos cargos, pero el buscador de la página principal no es capaz de hallarlos. Hay que rastrear dentro de cada consellería, lo que opera como elemento disuasorio.

“Transparencia es que la información esté fácilmente accesible”, clama Helen Darbishire, una británica afincada en España que dirige Access Info.

El panorama ha mejorado en la Administración central y en las autonómicas, conviene Theo Oberhuber, de Ecologistas en Acción. “Pero muchos ayuntamientos no se dan por enterados de la ley de información ambiental o ponen obstáculos”, replica. Obstáculos como fijar “horarios imposibles” para formular la solicitud. Oberhuber explica de qué habla: “Si tienes que ir a una oficina donde el funcionario está de 12 a 14.00, es muy difícil ejercer el derecho”.

El clientelismo y el deficiente control de la financiación de los partidos son variables que están detrás de los escándalos recientes. Pero también influyen un exceso de leyes innecesarias y la ausencia de otras necesarias

La corrupción es como un cáncer que avanza imparable si no se toman medidas para detenerlo. Las redes de corrupción se expanden y van controlando empresas, municipios, Comunidades Autónomas y hasta unidades esenciales del Estado si los partidos, los Gobiernos y la sociedad no se alían para detener esta enfermedad social. La causa de la expansión es que, si se percibe la impunidad, resulta racionalmente rentable arriesgarse a ganar mucho dinero, robando a una colectividad difusa, sin peligro de ir a la cárcel por ello. Es obvio que personas con principios éticos sólidos no aceptarán este intercambio, pero, por desgracia, la solidez de los principios no está garantizada entre nuestra clase política. Lo cual no quiere decir que todos los políticos sean corruptos. En todo caso, cuanto más se expande la corrupción más difícil es mantenerse ajeno a su tentadora llamada. En España, la corrupción, que era una enfermedad de la que creíamos haber salido, se ha ido extendiendo de nuevo. Poco a poco, redes corruptas han ido generando una tupida serie de intercambios deshonestos que, al final, han puesto en peligro la legitimidad de nuestra clase política y de nuestras instituciones.
Para algunos políticos irresponsables esto es la consecuencia del crecimiento, como si la corrupción fuera un peaje a pagar por una economía desarrollada. Nada más lejos de la realidad, las economías más sólidas, los países con mayor índice de desarrollo humano son países bastante honestos. La corrupción, como nos demuestran sólidos estudios del Banco Mundial, aleja la inversión, genera gastos innecesarios y reduce los ingresos públicos. Un país con alta corrupción elabora políticas para beneficio de unos pocos, no de la sociedad en su conjunto; un país con alta corrupción genera infraestructuras deficientes, regula mal los servicios públicos privatizados, y obliga a los empresarios honestos a esfuerzos sobrehumanos para sostener sus empresas. La corrupción produce un deterioro en el funcionamiento de la justicia, daña el Estado de derecho y genera profundas desigualdades sociales.

Para explicarse la situación actual en nuestro país sería bueno que considerásemos tres variables, que no son las únicas, pero sí son importantes. En primer lugar, un clientelismo y una falta de transparencia en las instituciones públicas. En España, la opacidad con la que actúan los Gobiernos es casi propia de países con democracias fallidas. Además, el clientelismo, sobre todo en el nivel local y en la administración instrumental de todos los niveles de gobierno (empresas públicas, fundaciones, gerencias, etc.), es muy elevado. Nuestros municipios y empresas públicas están plagados de empleados públicos que están allí por ser del partido o amigos de la persona oportuna. Empleados públicos que entraron de forma provisional y se quedaron allí de por vida, que carecen de valores de servicio público y que nunca se jugarán su puesto por defender el interés general. Es incomprensible el uso y abuso de la libre designación en la provisión de puestos en nuestras Administraciones. También es incomprensible que, salvo pequeñas excepciones, no existan mecanismos mínimamente rigurosos de evaluación del desempeño de nuestros empleados públicos. Como consecuencia, la carrera está demasiadas veces vinculada a las fidelidades personales y no a la valía y profesionalidad.

En segundo lugar, los mecanismos de control sobre la actividad de los partidos políticos y sobre su financiación son manifiestamente mejorables, como ya advirtió hace tiempo el propio Tribunal de Cuentas. Los españoles financiamos generosamente a los partidos, que cada vez ingresan más de los presupuestos públicos del Estado, de las CC AA y de los municipios; sin embargo, las cuentas que nos ofrecen son opacas, dejan fuera a sus empresas y fundaciones, no incorporan la contabilidad desagregada al nivel local y, desde luego, no explican las razones de las condonaciones de sus deudas. Eso lo saben sus dirigentes y lo sabemos muchos más. Si incumplen no hay sanciones, no hay responsabilidad penal de la persona jurídica, no devuelven el dinero público recibido.

En tercer lugar, en España tenemos demasiadas normas innecesarias, sin embargo, muchas leyes necesarias no existen, y cuando existen no se cumplen y no ocurre nada. Las leyes de incompatibilidades son sistemáticamente violadas; en numerosas CC AA no se regulan los conflictos de interés; se crean empresas mixtas público-privadas para otorgar contratos sin concurrencia a las empresas que se unen a la pública, y tiene que ser la Unión Europea la que nos lleve ante el Tribunal de Justicia Europeo. En fin, parece que no nos tomamos muy en serio la prevención y la lucha contra la corrupción y así nos va.

Sin embargo, desde Transparencia Internacional creemos que no debemos resignarnos, que es posible luchar contra la corrupción y ganarle la batalla. Para ello, es ineludible que los partidos políticos y la propia sociedad nos tomemos el problema en serio y propugnemos mejores medidas y controles. En ese afán de contribuir a la movilización contra esta enfermedad social, proponemos:

1. Un reforzamiento de los mecanismos preventivos. Por ejemplo, realizar análisis de riesgos en todas las Administraciones para detectar peligros y anticiparse a ellos; formación mayor en ética, aplicar rigurosamente las normas sobre conflictos de interés, etc…

2. Un reforzamiento de los mecanismos de mérito e igualdad en el acceso y carrera dentro de la Administración y una evaluación objetiva del rendimiento de nuestras Administraciones y empleados públicos.

3. Una mejora de los mecanismos de transparencia en la Administración; tenemos muchos Gobiernos opacos que no rinden cuentas a la ciudadanía. Es urgente una Ley de Transparencia y Acceso a la información, como tienen casi todos los países europeos.

4. Una simplificación de las normas y procedimientos, permitiendo a los ciudadanos resolver sus asuntos con la Administración de forma más ágil: muchas licencias y permisos podrían concederse on line.

5. Hay que modernizar y agilizar una justicia decimonónica y adaptar el Código Penal a las nuevas realidades de la delincuencia económica y la corrupción. Nuevos tipos penales deben ser generados para luchar contra la corrupción, es necesario introducir la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

6. Una mejora de la Ley de Financiación de los partidos, para prohibir las donaciones de inmuebles, así como la condonación de deudas, etc. Sobre todo, es necesario que se exija más transparencia a los partidos, que se incorporen los datos de sus fundaciones y empresas al sistema de control, y que se refuerce el papel del Tribunal de Cuentas.

7. Una preocupación mayor por dar formación e información a la ciudadanía sobre los enormes daños que causa a un país la corrupción. Deberíamos incorporar a la educación reglada un análisis de la corrupción y sus efectos. La sociedad civil debe implicarse en la lucha contra la corrupción, liderada probablemente por los medios de comunicación.

8. Una mejora de los mecanismos de denuncia de la corrupción con protección a los denunciantes. Quien denuncia con fundamento la corrupción no es un chivato, es una persona que actúa con lealtad institucional y social, y que merece nuestro agradecimiento.

9. Un reforzamiento de los mecanismos que permitan recuperar el dinero robado y dificultar el blanqueo del mismo.

10. Una demostración por parte de los partidos políticos de que están verdaderamente dispuestos a combatir la corrupción, para lo cual deberían concertar un Pacto de Estado contra la corrupción, con medidas concretas para su implantación, y facilitando a la sociedad el control efectivo de su cumplimiento.

Finalmente, creemos que resulta insostenible para nuestra economía y nuestra democracia la situación actual, de ahí la llamada que hacemos a una respuesta contundente y efectiva de la sociedad civil contra la corrupción, una sociedad que no puede resignarse a esta degradación moral y que debe exigir urgentemente de nuestros representantes una respuesta consensuada y efectiva contra esta lacra social.

Transparente es aquello que se comprende sin duda ni ambigüedad. En la vida pública, transparencia es la obligación de las autoridades y organismos relacionados con el Estado de realizar sus acciones de forma que puedan ser sometidas a un control directo. Lo menos que se puede decir es que, en España, la transparencia es claramente insuficiente, porque no hay forma de practicar ese control si no existe un acceso inmediato a toda la información de que disponen esas autoridades.

La realidad es que una parte no desdeñable de los casos de corrupción municipal y regional detectados en los últimos meses se hubiera podido evitar con normas que hubieran obligado a los ayuntamientos y gobiernos autónomos a colgar en Internet toda la información relativa a los fondos que manejan. Aun así, no hay forma de que en España se apruebe, de una vez por todas, una ley de las denominadas Freedom Information Act, que regule esa obligación y fije los mecanismos para el libre acceso a la información pública.

Los organismos especializados saben que la mejor manera de atajar la tortura o los malos tratos policiales no es aumentar las sanciones, sino disminuir las ocasiones y que lo único que resulta realmente eficaz es la obligación de instalar cámaras en todas las comisarías e instalaciones policiales. Están también hartos de explicar que una vez que se ha cometido un acto de corrupción es prácticamente imposible recuperar el dinero perdido por la comunidad y que la lucha contra el soborno, la venalidad y la deshonestidad pública exige medidas previas: es decir, información previa. Están hartos de decirlo y de demostrarlo con la experiencia de los países escandinavos, los más transparentes y los menos corruptos.

Las leyes de libre acceso a la información no son un privilegio para periodistas sino un mecanismo de protección de los ciudadanos, cada día más necesario. Se trata de colgar de Internet índices con toda la documentación relativa a expedientes públicos, actas de reuniones, planes, programas, correspondencia, dictámenes técnicos, estudios científicos o cualquier documentación financiada con dinero procedente de presupuestos públicos, de manera ordenada y accesible, a fin de que cualquier ciudadano pueda acceder a ella. Seguramente tampoco así será posible acabar con todos los casos de corrupción, pero es seguro que las sociedades que disponen de este tipo de legislaciones son capaces de atajar, antes de que se produzcan, la mayoría de los casos de mal uso de fondos públicos y de venalidad.

Y mientras que no se apruebe la ley, quizás los vecinos de algunos ayuntamientos españoles podrían aprender de lo que ha ocurrido en una pequeña ciudad brasileña, de 330.000 habitantes, llamada Maringá. Aburridos de que durante los años noventa e inicios de 2000, los fondos públicos fueran desviados y robados, y hartos de no poder nunca recuperar ni un real de ese dinero perdido, decidieron tomar el asunto en su mano y no contentarse con la detención y condena de algunos de los funcionarios implicados. La asociación comercial, el colegio local de abogados, el centro universitario, los miembros del club Rotario y del club de Los Leones crearon una agrupación llamada Sociedad Éticamente Responsable (SER), que negoció con las autoridades locales el acceso a partir de ese momento de toda la documentación pública.

Convencidos de que es indispensable actuar de manera preventiva para impedir la malversación de los recursos, en sus ratos libres comerciantes, abogados, rotarios o profesores de Maringá se encargaron de revisar los papeles municipales. Resultado: no sólo no ha habido casos de corrupción en estos dos últimos años, sino que en los primeros nueve meses de 2009 el ayuntamiento se ahorró cinco millones de dólares. Otras 35 ciudades se han apuntado a su peculiar sistema de libre acceso a la información y la Cepal acaba de darles su primer premio a la innovación social.

Artículo de Soledad Gallego Díaz en El País.